A través de un comunicado, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe expresó su preocupación por las declaraciones realizadas por el gobernador de la provincia, Hermes Binner, luego de conocerse la sentencia de la Cámara Penal de Venado Tuerto que absolvió a Carlos Fraticelli y a su ex esposa por la muerte de su hija, ocurrida en 2000.

En sus declaraciones, Binner manifestó sentirse "avergonzado" por el fallo de la Justicia. Y agregó que muchos funcionarios judiciales fueron designados en el pasado por una "connivencia" entre el poder político y el Poder Judicial.

A continuación, el comunicado completo:

La Corte Suprema de Justicia, que junto a los restantes poderes del Estado conforman el gobierno constitucionalmente establecido de la Provincia de Santa Fe, se ve en el deber de formular la presente declaración con motivo de las apreciaciones efectuadas por el señor Gobernador de esta provincia, que fueron ampliamente difundidas por los medios periodísticos. 

En primer término y conscientes de los tiempos que nos toca a todos atravesar, cabe destacar que la prudencia y mesura política constituyen, hoy más que nunca, valores que deben ser preservados de modo especial por las autoridades que ocupan cargos de máxima responsabilidad política, por encarnarse en ellas la representación del poder institucionalizado.

Que precisamente por ello, es deseable que las opiniones que dichas autoridades expresan, más allá de la firmeza y convicción con que las mismas sean expuestas, encuentren un límite en la debida consideración y respeto que, en el marco de las relaciones institucionales, se deben entre sí los distintos poderes del Estado.

Por tal motivo, resultan por lo menos preocupantes las manifestaciones respecto de una supuesta connivencia o pacto entre el Poder Judicial y referentes políticos, sin precisar casos concretos, ni indicar los elementos demostrativos de tan grave imputación. No puede dejar de advertirse que toda generalización no hace más que poner en tela de juicio la independencia de todos los magistrados y contribuye -injustificadamente- a alentar la desconfianza hacia uno de los poderes del Estado, impidiendo discernir responsabilidades concretas. 

Cuestionar la existencia de uno de los valores intrínsecos de la magistratura, y hacerlo de modo generalizado, daña la imagen de un poder judicial  que se nutre de jueces y funcionarios que ejercen dignamente y al límite de sus posibilidades la función judicial, y de prestigiosos magistrados y funcionarios cuyos nombres y méritos trascienden las fronteras de la provincia y el país. 

Por otra parte, y sin perjuicio de la libertad que cualquier ciudadano tiene para expresar sus  opiniones y críticas,  no resulta aceptable y  luce desproporcionada la sugerencia que se formula a jueces que han resuelto en un sentido determinado una causa judicial de indudable trascendencia pública. En primer lugar, porque esos jueces -como todos- tienen en el marco de sus atribuciones jurisdiccionales una amplia libertad para decidir en las causas en las que intervienen (precisamente por ello existen numerosas sentencias con votos divididos) y el sistema posibilita la revisión y hasta la anulación por parte de tribunales superiores de dichas decisiones; y, en segundo lugar, porque, salvo las causales legal y constitucionalmente establecidas,  no pueden ser cuestionados  por el contenido de sus sentencias.

Tampoco es posible derivar de una decisión de segunda instancia, recaída en una causa  donde está en juego la inocencia o culpabilidad de justiciables, que además, aún se encontraría en trámite, y, por tanto, expuesta a la revisión de órganos jurisdiccionales superiores, la falta de compromiso de los integrantes de esta Corte y del Poder Judicial en general en el impulso y transformación del sistema procesal penal de nuestra Provincia y del sistema judicial en su conjunto.

Tanto es así que la Declaración Inicial del Plan Estratégico del Estado Provincial para la Justicia Santafesina data del 10 de mayo de 2006 y le cupo a esta Corte la iniciativa de dicho plan, el que pasó a constituirse en un hecho inédito en el país, logrando la participación  de todas las expresiones institucionales, políticas, académicas, profesionales y judiciales para tratar una agenda de once temas sobre los que se arribó en su totalidad a proyectos consensuados, varios de los cuales aún se encuentran en trámite ante la legislatura de la Provincia y otros han sido convertidos en ley como el Código Procesal laboral y el propio Código Procesal Penal, que hoy se trata de implementar progresivamente. Asimismo, fue esta Corte la que debió acudir a sus excepcionales poderes reglamentarios, ante la ausencia de normativa procesal en relación al tema.

Demás está señalar que muchos integrantes del Poder Judicial bregaron desde hace muchos años por el proceso de modernización, integraron diversas comisiones de reforma  e incluso asumieron la responsabilidad de intervenir en el diseño normativo que finalmente fuera aprobado.

Que sin perjuicio de lo expuesto, es con el mismo compromiso y en la misma línea de pensamiento y acción, que esta Corte viene construyendo un diálogo enriquecedor de las ideas individuales, generando ámbitos de intercambio y trabajo con diversas autoridades, a través de los cuales siempre se han obtenido resultados superadores, en los encuentros mantenidos con  los titulares de los demás poderes del Estado,  integrantes de los cuerpos legislativos,  colegios profesionales,  representaciones gremiales y autoridades universitarias, sobre todas las temáticas y materias, que hacen a la prestación del servicio de justicia, de manera de coordinar, entre otros, el más eficiente proceso de transición entre el viejo y el nuevo sistema procesal penal, como asimismo el de incorporar las nuevas estructuras procesales y herramientas necesarias para su instrumentación y, por tanto, para la mejor prestación del servicio. En esa línea de acción, no se puede ignorar la dedicación y los esfuerzos que viene empeñando  este Poder Judicial en los temas de capacitación, mediación, recursos humanos y materiales que, inclusive, se han gestionado conjuntamente con el Poder Ejecutivo, para acompañar decididamente el proceso de transición entre el nuevo y el viejo sistema, todo lo cual pone claramente en evidencia que no sólo no se es refractario al cambio, sino que hay un decidido involucramiento en el mismo.

En similar orden, sorprende también que en dichas declaraciones se pretenda endilgar a este Poder Judicial la designación de uno de los integrantes de este Cuerpo, toda vez que aquella designación fue dispuesta por los otros dos órganos democráticamente constituidos del Estado, y a través del procedimiento constitucionalmente previsto para ello. 

Que, finalmente, este Tribunal como cabeza del Poder Judicial de la Provincia, desea expresar que lejos de incentivar la toma de innecesarias y estériles posiciones enfrentadas, aspira a que las declaraciones periodísticas del señor Gobernador de la Provincia hayan constituido un episodio aislado, que seguramente se superará a poco que se retome el camino común en el marco del diálogo institucional siempre mantenido, el que -según lo entiende esta Corte- no es tanto el que se ofrece o se reclama, sino el que se construye cotidianamente.

En ese orden de ideas, es preciso insistir que la Corte Suprema de Justicia de la Provincia permanece dispuesta a transitar dicho camino, al que no habrá de renunciar, en tanto de por medio se encuentran valores fundamentales que hacen a la vida misma del Estado y a la satisfacción de las necesidades fundamentales de nuestro pueblo.-

Santa Fe, 25 de noviembre de 2009.