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La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Hernán Borinsky (como presidente), Juan Carlos Gemignani y Gustavo M. Hornos, por mayoría, resolvió tener por parte querellante al denunciante, apartar al juez federal interviniente y anular lo actuado, remitiéndose las actuaciones a un magistrado de otra jurisdicción que había recibido la denuncia.
La causa fue iniciada a raíz de la presentación de un ex juez de Santiago del Estero que había denunciado la connivencia de autoridades de dicha provincia con redes de narcotráfico, así como amenazas coactivas hacia su persona como consecuencia de su intervención como magistrado en la investigación de un homicidio de un menor.