El juez Marcelo Peluzzi, titular del Juzgado Nacional de Ejecución Penal N° 4, autorizó el uso del sistema de videoconferencia en una audiencia de sanción disciplinaria realizada el pasado viernes entre un interno de la Unidad N° 11 del Servicio Penitenciario Federal, ubicada en la ciudad de Roque Sáenz Peña, provincia de Chaco, y su abogada particular, utilizando para ello los medios técnicos provistos por el tribunal.

La decisión permite que un letrado particular (los defensores oficiales ya lo han utilizado) pueda mantener contacto con su asistido en este tipo de expedientes que suelen ser tramitados en su totalidad por las oficinas de instrucción de las unidades carcelarias, explicaron desde el juzgado.

Para asistir a los defendidos, muchas veces los abogados deben desplazarse muchos kilómetros, circunstancia que priva en algunas ocasiones a los detenidos de la debida asistencia letrada en cuestiones que la vista pueden resultaron menores, como son los expedientes disciplinarios, agregaron.

La abogada que participó de la experiencia contó al Juzgado que, en el caso y entre otras cuestiones, su asistido pudo tener la entrevista previa con su defensora como lo exige la ley antes de efectuar su descargo, el cual sería equivalente a la indagatoria en el proceso legal, declarar habiendo comprendido el efecto que tiene su exposición en el expediente disciplinario y, al tener su asesoramiento, saber que podía ofrecer pruebas durante el proceso.

Asimismo, la letrada señaló que a través de los medios técnicos puestos a disposición por el Juzgado de Ejecución se garantizó la veracidad y legalidad de la videoconferencia, certificando la asistencia técnica, subsanando la falta de firma de las actas de la entrevista y descargo, con acta labrada por el secretario dando fe de que del otro lado de la comunicación se encontraba presente el defensor.

El secretario del Juzgado, Martín Francisco Aberasturi, dijo que se “ha logrado concretar la plena garantía de los derechos de asistencia técnica y debido proceso en el caso de representación de abogado particular, equiparándose con los supuestos de asistencia técnica oficial, en los que recientemente y mediante una esforzada gestión de parte del Juzgado, se ha conseguido garantizar el derecho de defensa material en este tipo de procesos, con la intervención de los defensores oficiales federales con asiento en las unidades del interior y del área técnica de la Defensoría General de la Nación, en el momento de la audiencia mencionada”.

Además de superar los límites de la distancia, Aberasturi destacó que con este sistema se evita, por un lado, futuros planteos de nulidad por afectación del derecho de defensa que hasta el momento aportaban un pesado caudal de trabajo, logrando, por el otro, elevar el profesionalismo y adecuar las prácticas de las oficinas de instrucción de las unidades penitenciarias, con una significativa mejora en la transmisión documental entre los distintos órganos integrantes del sistema de ejecución de penas. “Como resultante final, se obtiene una mejora sustancial en el sistema de administración de justicia”, añadió.

Por otro lado, el juez Peluzzi aclaró que, en su momento, y a fin de garantizar el derecho de defensa en los procesos sancionatorios iniciados a personas privadas de su libertad con defensa particular, se ofició al Colegio de Abogados de la Capital Federal la rúbrica de convenios con colegios de abogados departamentales o provinciales para que se atiendan dichos casos –exclusivamente para dicha audiencia- en forma presencial con letrados locales. Con la realización de la videoconferencia se ha superado dicha situación aunque, tal como se sostuvo en la Comisión de Nuevas Tecnologías llevada a cabo a principios de mes, “resulta imprescindible que las unidades penitenciarias cuenten con mayor cantidad de equipos de videoconferencia”, afirmó el magistrado.