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Informe de Prensa Nº139 4 de diciembre de 2008
Por iniciativa de la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctora Elena Highton de Nolasco, se constituyó en el máximo tribunal un nuevo grupo de trabajo de violencia doméstica para elaborar estrategias a fin de enfrentar esta grave problemática desde los superiores tribunales de justicia provinciales.
En el marco de la tarea que desde hace casi un año viene realizando la Comisión de Acceso a Justicia, fueron convocados nueve ministros de los más altos tribunales provinciales –entre ellos ocho mujeres–, con el objetivo de colaborar en la implementación de modelos similares a la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), que depende de esta Corte Suprema, en las diversas jurisdicciones del país.
Esta nueva iniciativa del Tribunal se debe al interés que la OVD suscitó entre los miembros de los superiores tribunales provinciales.
El modelo implementado por la Corte a través de la OVD, que abrió sus puertas el pasado 15 de septiembre, ofrece a las víctimas del maltrato familiar un servicio directo durante las 24 horas, todos los días del año. La oficina brinda información, orientación y un primer asesoramiento legal, médico y psicológico a quienes lo requieran.
Asimismo la Comisión de Acceso a Justicia realizó hoy un nuevo encuentro en el Palacio de Tribunales a fin de atender sus tareas específicas. En este sentido se evaluaron los primeros resultados de la recopilación de datos que construye un mapa de situación sobre los diversos sistemas de acceso a justicia existentes en el país.
Del trabajo presentado surge que 22 provincias ya han implementado la mediación con diferentes grados de desarrollo. Casas de Justicia, Oficinas Multipuertas, Oficinas de Atención a la Víctima y de Violencia Doméstica son algunas de las estrategias que se han puesto en marcha desde el poder judicial para asesorar y orientar de manera gratuita a los ciudadanos sobre los derechos que los asisten y las vías institucionales más efectivas para hacerlos valer.
Otra modalidad llevada a cabo en algunas jurisdicciones, concretamente en zonas muy alejadas de los centros urbanos, son los servicios itinerantes de justicia: se trata de funcionarios y magistrados que viajan regularmente a pueblos de difícil acceso para atender los reclamos de los ciudadanos.
El objetivo de la utilización de estos métodos de resolución alternativa de disputas es reducir la congestión de los tribunales, disminuir el costo y la demora en la resolución de las controversia e incrementar la participación de la comunidad en los procesos de resolución de conflictos facilitando de este modo el acceso a justicia, entendida en su sentido más amplio, como el acceso a una solución justa.