La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Hernán Borinsky -como presidente-, Juan Carlos Gemignani y Gustavo M. Hornos, hizo lugar a un recurso de la Unidad de Información Financiera (UIF) en contra de la decisión de integrar el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia con un solo juez para entender en el caso, conforme lo dispone el artículo 9° de la ley 27.307.

El tribunal revisor basó su decisión en la gravedad de los hechos a ser juzgados, que involucran la actividad de una organización que habría insertado en el mercado lícito sumas millonarias de dinero proveniente del narcotráfico, mediante la utilización de numerosas sociedades en el país y en el extranjero, cuentas bancarias y "prestanombres".

En tal sentido, el juez Hornos indicó que una interpretación de la norma de acuerdo a la Constitución y a los tratados internacionales a cuyo cumplimiento el Estado se había obligado, llevaban a concluir que, en orden a ponderar la gravedad del hecho, el monto de pena resultaba un dato a considerar, pero que no podían excluirse otras circunstancias que evidenciaban la complejidad del caso y el gran peligro causado por la conducta investigada; lo que imponía su juzgamiento a través de un tribunal colegiado que asegurara mayor efectividad y calidad de la actividad jurisidiccional.