Este miércoles, la Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, integrada por los jueces Martín Irurzun y Eduardo G. Farah, resolvió la causa CFP 7992/2016/19/CA6 del registro del Juzgado Federal n° 11.

Allí, resolvió confirmar el procesamiento de Javier Grosman por el delito de defraudación contra el erario público (arts. 173 inc. 7° y 174 inc. 5° del CP), por su participación en la maniobra desarrollada en torno a la contratación de un servicio de impresión del libro de la “Década Ganada”, respecto de la cual se comprobó que “el patrimonio de una sociedad del Estado (Casa de Moneda) fue efectivamente afectado, pues incluso previo a ser adjudicada en la licitación, la empresa de mención –con el aval de su titular Daura y representada por su inferior jerárquico Nirjak- operó a ‘costo hundido’, autorizando importantísimos gastos en favor de terceros en forma excepcional, en los términos del estatuto…La notoria desatención de los funcionarios en proteger tales intereses confiados –frente a los serios signos al alcance sobre los riesgos en ese sentido- debe ser necesariamente vinculado a las referencias y datos que sugieren que, de antemano, era conocido que la empresa sería seleccionada para operar en semejantes condiciones”.

Para así resolver, los jueces sostuvieron: “Si, como ya dijo esta Sala, el contenido de los libros no se envió a Casa de Moneda, que por ende nunca tuvo nada que imprimir (fs 224 de Instrucción Sumarial por Informe UAI N° 002/2016, según memorando 04/2016), pese a los muchos  gastos en que incurrió a raíz del convenio; si, justamente, esos perjuicios patrimoniales se debieron a que ya desde al menos abril de 2013 se la había escogido –por fuera de lo formal, claro- como la sociedad que resultaría adjudicada y a que operó a ‘costo hundido’, ofertando un valor de ochenta pesos por libro; entonces el que ahora se sepa que la Unidad, bajo las directivas de Grosman, contaba con la totalidad de los contenidos cuando todo esto pasaba –los que nunca se enviaron a la contratada- y, encima, que se pagaron contemporáneamente cerca de cuarenta mil pesos a una empresa privada para imprimir tres ejemplares (por esa suma rondaba el valor real del trabajo, al parecer) y presentarlos en un acto, son datos que, además de coherentes con la hipótesis mantenida en la instrucción, acrecientan la probabilidad de connivencia del nombrado, dado el rol que le cupo en la desatención de los intereses confiados… Obviamente, como los contenidos nunca se enviaron, no se les dio el uso previsto a los adelantos transferidos. Sin embargo, no habría reintegro. Tampoco se los afectó a la impresión del libro ‘Casa Rosada’, contrariamente a lo que pretendió mostrar la defensa de Oscar Parrilli; ello quedó en evidencia a partir de los informes de fs. 839/52 y 854/72 del ppal. y de las declaraciones de fs. 932/3 y 1046/7 del ppal. De allí surge que se trató de un libro que venía armándose desde 2011, con afectación presupuestaria y con características distintas, para el que se usaron fondos del Proyecto del Programa Naciones Unidas para el Desarrollo (aspecto cuya regularidad o no debe ser profundizada) y para cuya edición final se contrató a una firma privada….Con todo, se insiste en lo anticipado: el cuadro reunido ha variado a partir de los resultados de la línea de investigación que se mandó a profundizar. Lo ha hecho en forma tal que las sospechas sobre la conducta del imputado fueron robustecidas por indicios unívocos que sugieren su intervención dolosa en la maniobra lesiva para el patrimonio estatal”.

Por otra parte, se revocó el procesamiento del funcionario Diego Oller, de la planta de Casa de Moneda a la época de los hechos.