La Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal –integrada por los jueces Martín Irurzun y Eduardo G. Farah- se expidió este jueves en la causa CFP 6674/2016/20/CA4, del Juzgado Federal n° 2, y confirmó los procesamientos dictados respecto de miembros de la “barra brava” del Club Boca Juniors conocida como “La 12”.

Concretamente, se trató de Carlos Cristian Santa Cruz, Rafael Di Zeo, Cristhian L. Roblero, Carlos S. Maciel, Antonio O. Viñales, Eduardo A. Tripodi, Luís C. Arrieta, Miguel A. de Santis, Ariel M. Pinazzi, Mauro Martín, Gustavo Iglesias y Eduardo Aballay, sobre quienes pesan cargos por el delito de encubrimiento agravado del art. 277, apartado 1 inciso “a”, agravado por el apartado 3 inciso “a” del Código Penal.

Concretamente, se les reprocha haber brindado colaboración a Maximiliano Germán Oetinger a sustraerse de la acción de las autoridades y evitar así la materialización de su detención. Ello, el día 19 de mayo del corriente año, durante el transcurso del espectáculo deportivo llevado a cabo en el estadio de fútbol del Club Atlético Boca Juniors, cuando Oetinger se escapó del procedimiento policial que se estaba efectuando en pos de su captura. Él procedió a cambiar su vestimenta y refugiarse entre un conjunto de individuos pertenecientes a la agrupación conocida como “barra” de la facción oficial de simpatizantes de la asociación deportiva antes referida, donde también fue sustraído de la acción de la fuerza de seguridad, logrando evitar su detención y fugarse.

La resolución describe cómo, durante un partido de fútbol de la Copa Libertadores de América entre Boca Juniors y Nacional de Montevideo, se filtró la información de que efectivos de la Policía Federal Argentina pretendían poner en marcha un operativo para detener a otro miembro de la denominada “barra brava”. Ello desencadenó en actividades tendientes a ayudarlo a darse a la fuga, tanto al retirarse de la tribuna como al lograr escapar por un estacionamiento privado del club, usado sólo por personas autorizadas.

Además, se dispuso la falta de mérito de Ángel Humberto Ponce –miembro de la PFA-. Sobre ello, se encomendó “profundizar la pesquisa para obtener un panorama más claro sobre cuáles fueron las complicidades –sea de funcionarios públicos, sea de autoridades o empleados del Club- que pudieron ayudar con la fuga de “Mey”... “En este punto, se advierte necesario -especialmente debido a que los procesados tuvieron acceso a instalaciones del Club que son restringidas al público general, como así también a la facilidad con la que los dos automóviles lograron sortear el último puesto de salida del estadio- profundizar la investigación en derredor de ello. A la par, deviene adecuado realizar medidas para determinar si -como se alegó- existieron órdenes de superiores jerárquicos al nombrado y, en su caso, sus motivos y finalidades”.