La jueza Cristina Garzón de Lascano, titular del Juzgado en lo Criminal Federal Nº 3 de Córdoba, ordenó el procesamiento de 21 imputados por delitos de lesa humanidad, entre los que se encuentra el ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, en el marco de una causa en la que se investigan los secuestros y torturas de un sacerdote y de cinco seminaristas, hechos ocurridos en agosto de 1976.

Además de Menéndez fueron procesados Miguel Angel Gómez, Yamil Jabour, Hugo Cayetano Britos, Calixto Luis Flores, Alberto Luis Lucero, Herminio Jesús Antón, Juan Eduardo Ramón Molina, Carlos Alfredo Yanicelli, José Idelfonso Vélez, Marcelo Luna, Hermes Oscar Rodríguez, Jorge Exequiel Acosta, Ernesto Guillermo Barreiro, Luis Alberto Manzanelli, José Hugo Herrera, Carlos Alberto Vega, Carlos Alberto Díaz, Emilio Morard, Arnoldo José López y Héctor Raúl Romero.

En la causa se investigan los hechos ocurridos el 3 de agosto de 1976, aproximadamente a las 17, cuando un grupo de personas armadas y vestidas de civil, que pertenecerían a la Policía de la Provincia de Córdoba, más precisamente al Departamento Informaciones Policiales D2, habría ingresado en la vivienda sita en Boulevard Los Alemanes 851 esquina Padre Claret, Barrio Los Boulevares, Córdoba, en la que residían los seminaristas Ramón Alejandro Dausa, Daniel Alfredo Velarde, José Luis Destefanis, Daniel Andrés García Carrranza y Hugo Humberto Pantoja Tapia, junto al sacerdote James Martin Weeks, todos pertenecientes a la orden de “Misioneros de Nuestra Sra. de La Salette”.

Una vez en la residencia, el personal policial habría inmovilizado a Weeks, Velarde y Pantoja, esperando la llegada de los otros religiosos, procediendo de igual manera, y a medida que arribaban los restantes, a inmovilizar a García Carranza, Destefanis y Dausa, a la vez que habrían saqueado todos los objetos de valor que allí se encontraban, llevándose además material bibliográfico.

Durante el procedimiento, que se habría extendido aproximadamente por el lapso de cinco horas, los religiosos habrían sido apuntados con armas largas, permaneciendo esposados y vendados, sometidos a golpes y amenazas, mientras se les efectuaban interrogatorios, sin darles explicación alguna sobre los motivos del procedimiento, la autoridad interviniente,  la causa o proceso en que actuaban.

Con posterioridad, aproximadamente a las 23, los seis religiosos habrían sido llevados por el mismo personal policial a la sede del D2, lugar en el que  habrían permanecido tres días, durante los cuales personal de la repartición los habrían amenazado, torturado, golpeado e interrogado acerca de los libros y discos secuestrados en la casa de Los Boulevares, sobre sus ideas y actividades.

La noche del 6 de agosto del mismo año, el sacerdote Weeks y los cinco seminaristas habrían sido trasladados a la Unidad Penitenciaria nº 1 –Penitenciaría San Martín-, establecimiento en el que sólo habrían permanecido unas horas alojados en el pabellón ocupado por presos políticos, para luego ser nuevamente trasladados a la Cárcel de Encausados (al Pabellón III), lugar en el que habrían sido alojados en celdas individuales, permaneciendo varios días incomunicados y en condiciones inhumanas, sin posibilidad de asearse, sin acceso a los baños, sin luz eléctrica y sin cama, entre otras carencias.

Luego, a partir del 8 de agosto de 1976, los cinco seminaristas –Velardes, Pantoja Tapia, Destéfanis, Dausa y García Carranza- habrían sido sucesivamente trasladados -vendados y maniatados- al centro de detención clandestino “La Perla”. En ese lugar, y mientras duró la estadía de cada uno, personal militar y civil del Ejército Argentino que integraba el Grupo de Operaciones Especiales del Destacamento de Inteligencia 141 los habrían atormentado, obligándolos a permanecer en el suelo, vendados y amenazados, procediendo nuevamente a interrogarlos sobre sus pertenencias y actividades, para luego de pasados algunos días restituirlos –incomunicados- a la Cárcel de Encausados, en donde habrían sido mantenidos –al igual que Weeks- sin que se les iniciara causa judicial, permaneciendo en las mismas condiciones inhumanas, condiciones estas que recién habrían cesado una semana antes de ser liberados.