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Fecha:
Miércoles, 07 de octubre de 2009
La Corte reclama autonomía presupuestaria para garantizar la independencia judicial
Pide el manejo de sus propios recursos y no más fondos. Para ello impulsa un proyecto de ley que le habilite facultades para disponer de fondos sin necesidad de pasar por la Jefatura de Gabinete, sistema similar al de los EEUU y Brasil
La Corte Suprema de Justicia de la Nación impulsa un proyecto de ley por el que busca asegurar su autonomía presupuestaria para garantizar así la independencia judicial. No se trata de un reclamo de mayores fondos, sino que busca manejar su propio presupuesto.
Sucede que en el Presupuesto 2010 el Alto Tribunal sufrió un recorte del 35% por parte del Ejecutivo, situación que se repite con los años y que obliga a la Justicia a solicitar constantemente autorizaciones de partidas a la Jefatura de Gabinete, algo que tarda meses o a veces nunca llega. Esto ocasiona problemas en la gestión presupuestaria al no permitir trabajar con eficiencia, ya que al generarse nuevos gastos en un ejercicio, ejemplo políticas salariales, y al no llegar las partidas presupuestarias o llegar fuera de término, por las demoras en las autorizaciones en Jefatura de Gabinete, se bloquean los créditos presupuestarios destinados a otras finalidades, y al destrabarse en el mejor de los casos fuera de término no permite por lo avanzado del ejercicio su utilización.
Entonces busca que sea la propia Corte quien disponga todas las reestructuraciones presupuestarias, sin necesidad de pedir autorización al jefe de Gabinete, para la utilización de sus recursos futuros y los asignados mediante acordadas del año pasado a la constitución de fondos por más de $1.500 millones, destinados a una planificación económica-financiera eficiente. Entre ellos, el Fondo de Infraestructura, equipamiento y gestión del Poder Judicial de la Nación y el Fondo anticíclico destinado a atender eventuales riesgos en la recaudación de recursos propios.
También impulsa que el Máximo Tribunal sea quien elabore el presupuesto del Poder Judicial de la Nación y lo remita directamente al Congreso, sin que pase por el Ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete.
Y además pretende que la Corte sea quien disponga de los fondos del Poder Judicial de la Nación, dejando en manos del Consejo de la Magistratura de la Nación la facultad de administración de su propio presupuesto.
Se trata de un mecanismo que ya existe en otros países con estructuras constitucionales similares, como los Estados Unidos. También Brasil utiliza un sistema parecido.
Con la disposición de su presupuesto, la Corte podrá hacer uso inmediato de sus fondos para gastos corrientes y para el desarrollo de proyectos estructurales para el mejor funcionamiento del Poder Judicial, como la refacción y ampliación de edificios, la creación de nuevos organismos y la inversión en tecnología.
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