El Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles, organismo que preside el juez Gustavo M. Hornos, inspeccionó el pasado lunes, en un monitoreo sorpresivo, el Complejo Penitenciario Federal IV de Mujeres de Ezeiza, junto a la directora de la Unidad de Derechos Humanos, Género, Trata y Narcotráfico del Consejo de la Magistratura, Alicia Tate; y, por disposición de la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Elena Highton de Nolasco, también participaron del monitoreo la coordinadora de la Oficina de la Mujer, María Delia Castañares, y el secretario letrado Roberto Ares.

En diciembre, el Sistema asumió el compromiso en el marco de la Recomendación N° VI emitida por el mencionado organismo el 24 de mayo de 2016, de realizar, en conjunto con la Oficina de la Mujer, un seguimiento de los talleres sobre perspectiva de género para todo el personal del Servicio Penitenciario Federal que cumple funciones en los establecimientos penitenciarios donde se encuentren alojadas mujeres brindados por la Oficina de la Mujer y de los impactos que pueda tener en el personal penitenciario.

En ese marco, los miembros del Sistema y de la Oficina de la Mujer se constituyeron en el Complejo IV con el fin de inspeccionar los sectores más conflictivos del complejo. El monitoreo se llevó a cabo con una perspectiva y desde una mirada igualitaria de género, teniendo especialmente en cuenta la violencia estructural y las prácticas discriminatorias contra la mujer, profundizadas en casos de poblaciones vulnerabilizadas, como son las mujeres que se encuentran privadas de su libertad, conociendo que existen necesidades particulares y complejidades diferentes a las de los hombres en condición de encierro, que deben ser atendidas, conceptualizadas y abordadas también de modo diferente.

Asimismo, los miembros efectuaron el monitoreo conforme a los estándares internacionales en los distintos pabellones que conforman el Complejo y efectuaron varios señalamientos y reclamos, algunos de urgente solución, como el mejoramiento de lo relativo a la atención médica, particularmente en lo referente a brindar una pronta respuesta ante los requerimientos de las internas, y la insistencia en la realización de los exámenes propios del género.

Además, se efectuó un reclamo de flexibilización de las condiciones de vida de las mujeres alojadas en los sectores de aislamiento, que permanecían en sus celdas por un tiempo excesivo diariamente y se realizaron reclamos en lo que respecta a la falta de suministro de agua caliente y otros.

El Sistema estuvo representado en la ocasión por su presidente, el juez Gustavo M. Hornos; el defensor oficial Guillermo Todarello, de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación; el fiscal José Nebbia, de la Procuraduría contra la Violencia Institucional de la Procuración General de la Nación; el director general de protección de derechos humanos, Ariel Cejas Meliare; Mariana Lauro, del equipo de género, ambos de la Procuración Penitenciaria de la Nación; la secretaria delegada Marion L. Vecino y la secretaria del Sistema, Lucía Gallagher.

De esta manera, en línea con la VI Recomendación referida a Genero en contextos de encierro – derechos de las mujeres privadas de la libertad-, el Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles reafirma su compromiso con las mujeres privadas de la libertad y el aseguramiento de la vigencia de sus derechos fundamentales.

Informe e imágenes: Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles