Los jueces Martín Irurzun, integrante de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, y Javier Leal de Ibarra, miembro de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, continuarán a cargo de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación tras el dictado del decreto 102/17, de fecha 13 de febrero de 2017, que establece que el Director General y el Subdirector General de aquel organismo durarán en sus funciones por un plazo de tres años.

La Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado es un organismo del Poder Judicial de la Nación cuya dirección está a cargo de un Directorio conformado por dos jueces de cámara. Según la normativa vigente, es un órgano independiente y autónomo en su gestión y funcionamiento.

Funcionamiento de la Dirección

La Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación -conforme lo establecido en las leyes 25.520, 27.126, el Decreto 256/2015 del Poder Ejecutivo Nacional y Acordadas N° 2/2016 y 30/2016 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- fue creada, en su forma original, para constituir el único órgano del país autorizado a materializar las captaciones de comunicaciones que fueran requeridas por los magistrados judiciales y los del Ministerio Público Fiscal. Además, se previó que la Dirección brinde colaboración directa en expedientes determinados a requerimiento de los diferentes magistrados respecto de delitos complejos y organizaciones criminales que excedan el trabajo cotidiano.

Con posterioridad y, en lo sustancial, con el objeto de aportar herramientas que permitan detectar estructuras delictuales que subyacen en las estructuras propias de la sociedad, se transformó su estructura, estableciendo como objetivo general de la Dirección el de auxiliar a las autoridades en causas complejas y de crimen organizado, manteniendo sus competencias e incorporando nuevas funciones, para intervenir en casos de tráfico ilegal de estupefacientes y precursores químicos, trata y explotación de personas, secuestros extorsivos, criminalidad económica, lavado de activos, delitos de carácter transnacional, financiamiento del terrorismo y delitos ambientales.

Dentro de las disposiciones que regulan la actuación del organismo desde su conformación inicial, se incorporó la promoción de transparencia de los actos y acciones que son de su incumbencia, la fijación de un sistema de control, el seguimiento del principio de respeto de la libertad y la privacidad de las personas, la reserva absoluta de la información y la garantía de cadena de custodia; ello ha conformado la columna vertebral del ejercicio de las actividades del organismo.

La Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado está dentro de la estructura orgánica del Poder Judicial de la Nación, y por eso es autónoma respecto de la Corte, tanto en lo funcional como en la gestión.

La Corte Suprema tiene facultades de modificar su estructura, pero la dirección tiene autonomía funcional y de gestión.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación es responsable de la administración de presupuesto del organismo hasta tanto se haga efectiva la independencia económica prevista por la Acordada 34/2016.

Por último, el órgano cuenta con una estructura de gobierno independiente conformada por dos Directores Generales, un Director Ejecutivo y subdirectores.