En el proyecto originariamente aprobado por la Cámara de Diputados se incluyó una norma para el pago de Ganancias en el Poder Judicial: quienes ingresen en el año 2017 pagan, los anteriores están exentos.

Interpretada estrictamente, excluía a los fiscales, defensores, empleados y funcionarios. La consecuencia es que pagarían el Impuesto a las Ganancias no solo quienes ingresen a partir de 2017, sino todos los que ya están en funciones: empleados, funcionarios, fiscales, defensores, jubilados.

La cuestión fue modificada por el Senado de la Nación; dice:

"5.- Sustitúyese los incisos a) y c) del Artículo 79, por los siguientes:

a) Del desempeño de cargos públicos nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin excepción, incluidos los cargos electivos de los Poderes Ejecutivos y Legislativos. En el caso de los Magistrados, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial de la Nación y de las Provincias y del Ministerio Público de la Nación cuando su nombramiento hubiera ocurrido a partir del año 2017, inclusive.

c) De las jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios de cualquier especie en cuanto tengan su origen en el trabajo personal y en la medida que hayan estado sujeto al pago del impuesto, y de los consejeros de las sociedades cooperativas."

De este modo, de aprobarse esta norma, queda claro que todos los empleados, funcionarios, fiscales, defensores, magistrados que están en funciones no pagarán el impuesto. En cambio, quienes ingresen a partir de 2017 estarán obligados a pagarlo.