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La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, presidida por la jueza Ana María Figueroa e integrada por los jueces Mariano Hernán Borinsky y Gustavo M. Hornos, confirmó condenas de hasta seis años de prisión a personas que aprovechándose de la condición migratoria irregular de las víctimas las hacían trabajar en talleres textiles no habilitados en condiciones de hacinamiento y falta de higiene.
Conforme surge de la sentencia, en los domicilios allanados vivían varías familias junto con niños menores de edad, todos ellos de nacionalidad boliviana, a las que tenían “prácticamente encerradas y amenazadas”.
Asimismo, se ordenó el decomiso de los dos inmuebles en donde se producía la explotación laboral.