La Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, integrada por los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, resolvió este jueves la causa n CFP 11912/2008/12/CA4, del registro del Juzgado Federal n° 4.

Los camaristas decidieron (1) confirmar los procesamientos de Héctor Capaccioli, Sebastián Gramajo, Gabriel Brito y Carlos H. Torres por el delito de lavado de activos de procedencia delictiva; (2) revocar el sobreseimiento de Hernán Diez en orden a los mismos cargos, encomendando al juez que revalúe su situación con arreglo a las pautas indicadas; (3) estar, en cuanto a los cargos por dos casos de lavado, al procesamiento dispuesto respecto de Néstor Lorenzo por defraudación contra la administración pública en el expediente n° 1787/07; (4) ordenar la falta de mérito de Solange Bellone; (5) encomendar al juez que encamine los casos en condiciones de avanzar hacia la instancia oral y que reactive la instrucción con relación a otros fondos de dinero sospechados de haber provenido de delitos.

En la causa se denunciaron los aportes de dinero efectuados por distintas personas y empresas vinculadas al rubro salud a la campaña presidencial del año 2007 del partido Frente para la Victoria, bajo la hipótesis de que se trataría de bienes procedentes de delitos. Al describir el trámite del proceso, la Cámara recordó que se le había acumulado una parte del expediente n° 1787/07 (conocido como “mafia de los medicamentos”). Y que habiéndose definido la tramitación conjunta ante el Juzgado Federal n° 4, “ De todos modos, fueron dos las veces en que el -por entonces- magistrado a cargo del Juzgado n° 5 siguió emitiendo resoluciones de mérito con relación a los hechos sobre los cuales había perdido jurisdicción –una en los términos del art. 309 del CPPN; la otra sobreseyendo a los imputados-. Y dos, también, las oportunidades en que esta Alzada privó de todo efecto a dichos pronunciamientos; la última motivó la remisión de testimonios al Consejo de la Magistratura (reg. n° 36.082 del 27/5/13 y reg. n° 38.071 del 2/9/14)”.

En cuanto a los casos por los cuales se dictó el procesamiento (aportes de “Global Pharmacy”, “Multipharma” y “Seacamp”, por una suma que rondaba el millón de pesos), el Tribunal concluyó: “que existió, alrededor de los hechos aquí analizados, una operatoria común y organizada de lavado de activos de procedencia delictiva, que se concretó en la entrega, recepción y puesta en circulación de los fondos aportados a  la campaña presidencial del año 2007 del Partido Frente Para la Victoria”.

Respecto de Héctor Capaccioli y Sebastián Gramajo –el primero fue Superintendente de Servicios de Salud entre enero de 2006 y noviembre de 2008 y miembro de la Mesa Ejecutiva Nacional del Partido Frente para la Victoria; el segundo, responsable político de la campaña, además de legislador-, los Camaristas observaron que fueron los encargados en procurar y recibir el dinero y “a juzgar por los elementos del caso, conocían su origen ilícito y operaron conjunta y dolosamente en la concreción de la maniobra”.

La misma lógica se siguió para revocar el sobreseimiento de Hernán Diez, quien era el responsable económico y financiero de la campaña del FPV y fue director de Lotería Nacional, los jueces argumentaron que no era creíble que desconociera los pormenores de los eventos que lo involucraron, porque “Tanto la forma en que se manejaron [él y Gramajo] ante los reclamos de Brito como los compromisos que se asumieron con él a través de Lorenzo y Capaccioli, sugieren que ambos estaban al tanto de la naturaleza real –delictiva- de los fondos”.

Por otra parte, para confirmar sus procesamientos, la Sala sostuvo que, al haber aparecido formalmente como los aportantes, “La participación delictiva de Gabriel Brito y Carlos Torres (Global Pharmacy y Multipharma) en la entrega de fondos de origen delictivo, puede asumirse en base a las circunstancias de tiempo y modo que rodearon a sus conductas”.

En cuanto a Néstor Lorenzo, los jueces argumentaron que si bien “Hay sólidos indicios para sostener que el involucramiento de Néstor Lorenzo en los hechos que se le reprocharon en su indagatoria, se vinculó a la entrega de fondos por él conseguidos mediante delitos, a través de una actividad de fraude al Estado en connivencia con agentes públicos que lo integraban” al ya estar procesado en orden a esa conducta precedente (a la espera del juicio oral –en la causa n° 1787/07-), “hacer lo propio en esta causa por el lavado posterior de los activos, supone un indebido desdoblamiento que corresponde dejar sin efecto, pues de acuerdo a la calificación vigente a la época de los hechos, el “auto-lavado” no era punible”.

Sobre los aportes que firmó Sebastián Forza (Seacamp) la Cámara analizó entre otras cosas el testimonio del periodista C. Sanz –que entrevistó a Forza pocos meses antes de ser asesinado, y refirió como éste le contó acerca de la operatoria de lavado en la campaña, entre otras cosas-. Dijeron, sobre ello “Es cierto, como argumentaron algunas defensas, que Sanz es un testigo de oídas. Sus dichos deben valorarse conforme la fuente de que se trata. Pero si se los relaciona con todos los demás elementos, variados y unívocos, que se reunieron en la investigación, puede hablarse de la concurrencia de una matriz delictiva en la procedencia y percepción de los aportes de la campaña electoral. Y el caso de los fondos acercados con la firma de Forza claramente responde a la lógica de esa matriz”

Sin perjuicio de ello, afirmaron que no se había desvirtuado la defensa de Solange Bellone de que desconocía los aportes que realizó su –fallecido- marido, por lo que se revocó su procesamiento.

Por último, la Sala indicó al juez que los casos en condiciones de hacerlo deben avanzar decididamente con el objeto de transitar las fases necesarias para su discusión en etapas posteriores. Por otra parte, resaltó también que debía reactivarse la instrucción con respecto a otros aportes cuya profundización fue dejada de lado, como los de Unifarma, Del Plata, Urbana y Julio Posse. En esa línea, encomendó que se pidieran copias de la declaración de  Ibar Pérez Corradi en el marco del expediente n° 1119/16 del Juzgado Federal n° 1, Secretaría n° 2, porque según versiones de la causa, conocería datos sobre el objeto de ésta.

Para terminar, se concluyó “Una vez que se avance, con celeridad, sobre todas estas líneas pendientes, podrá contarse con un panorama global y completo que permita esclarecer aún más todos los aspectos de la matriz delictiva revelada, como su extensión real y la posibilidad de que haya existido participación ilícita por parte de otros interesados en dotar de fondos a la campaña electoral del Frente para la Victoria para las elecciones presidenciales del año 2007”.