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La Sala II de la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal rechazó un recurso de apelación presentado por el secretario de Obras Públicas de la Nación, José Francisco López, contra la decisión del juez Daniel Rafecas de desestimar un planteo de cosa juzgada en un caso en el que se lo investiga por enriquecimiento ilícito.
La causa se inició por una denuncia presentada, el 28 de julio del 2008, por el abogado Ricardo Monner Sanz, pidiendo se investigue el presunto enriquecimiento ilícito del que serían responsables diversos funcionarios públicos, entre los que se encuentra López.
Ante ello, López cuestionó que existe un “doble juzgamiento”, en virtud de que existía un pronunciamiento que hizo cosa juzgada con relación a la conducta por la que ahora es investigado.
Así, dijo que existió un proceso anterior, que se inició en 2006 a partir de una denuncia para que se investigue a López y a otros funcionarios, luego de que un artículo periodístico publicara (en Perfil, bajo el título “Se multiplican los funcionarios que compran tierras en el paraíso kirchnerista de El Calafate”) que en las respectivas declaraciones juradas de los funcionarios se consignó el valor fiscal de los inmuebles de su propiedad “cuando éstos serían mucho menores a los de mercado”. En 2008, esa causa se archivó y López fue sobreseído.
El secretario de Obras Públicas aseguró que la cuestión ahora denunciada “había sido ya objeto de pesquisa” y pidió, en consecuencia, que se lo investigue sólo por el período posterior al 28 de febrero de 2008, cuando se dispuso su sobreseimiento.
Según Rafecas, “entre ambas pesquisas no existía la identidad pretendida, pues mientras la primera estuvo orientada a determinar si López en las declaraciones juradas presentadas en los años 2003, 2004 y 2005 había insertado datos falsos en relación al valor de los inmuebles adquiridos en la provincia de Santa Cruz, en la presente es investigado por el incremento desmedido de todo el patrimonio de López desde su ingreso a la función pública”.
En consecuencia, el magistrado desestimó el planteo de cosa juzgada. Esa decisión fue apelada y ahora confirmada por la cámara.
Para los camaristas Horacio Cattani y Martín Irurzun, la nueva investigación no constituye una afectación a la garantía constitucional que prohíbe el doble juzgamiento. “No se advierte de qué modo el sobreseimiento... pudiere tener los efectos que se reclaman, pues el objeto procesal de la presente pesquisa no se desarrolla sobre la misma plataforma fáctica que aquél, encontrándose en consecuencia ausente la identidad exigida para la procedencia de la excepción introducida”, indicaron.
“Ello pues mientras en la causa n° 12.812/06 intentó determinarse si López había consignado datos falsos en las declaraciones juradas -supuesto que se consuma con su presentación ante la autoridad competente -, en esta causa se investiga si su patrimonio se ha incrementado ilícitamente”, señalaron.
Y agregaron: “Más allá de la relación que entre ambas figuras pudiera existir en determinados supuestos y de la particular interpretación efectuada por el a quo en torno a la adecuación legal, resulta claro que, en el caso bajo análisis, nos encontramos ante la dilucidación de eventos históricamente diferentes”.