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Lunes, 23 de mayo de 2016
El juez Lijo procesó a una mujer por amenazar a Mauricio Macri y a su familia
La imputada había publicado una serie de mensajes en Twitter. En el caso, Lijo evaluó los alcances del derecho a la libertad de expresión. Ordenó un embargo por $150.000, en base a los gastos del Estado en operativos de seguridad a raíz de las amenazas
El juez Ariel Lijo, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, dispuso este lunes el procesamiento de una mujer en una causa por amenazas al presidente de la Nación, Mauricio Macri, y a su familia.
El magistrado consideró que la imputada había amenazado al Presidente de la Nación y a su familia mediante la publicación con un perfil anónimo, de diversos mensajes en la red social Twitter que contenían amenazas, utilizando incluso una fotografía de Antonia Macri con una tachadura en su cuello como su fotografía de perfil. Aquella imagen era acompañada por las frases “maten a la chiquita” como nombre de perfil asociado con el usuario mencionado y “También es aceptable q la vendan a Taiwán, ellos sabrán que hacer” como descripción de su biografía y, entre los mensajes intimidatorios destacaban: “Nuestro odio lo calmaremos con sus hijos. Espero q @mauriciomacri le deje guardaespalda de por vida a antonia” y “Si algo hizo mal el kirchnerismo, es no haber matado a toda la burguesía, periodistas y políticos de derecha, en sus 12 años de gestión”, “... nono… Pero nosotros tenemos q ir más allá… Es nuestro deber matar a sus descendientes, sino esto no termina más”, entre otras de idéntico tenor.
El juez evaluó los alcances del derecho constitucional de la libertad de pensamiento y expresión a fin de determinar si los mensajes podrían verse resguardados por éste derecho, concluyendo que, por el contrario, el tipo de expresiones de odio manifestadas eran de las prohibidas por el propio derecho constitucional en juego.
Finalmente, dispuso el embargo de los bienes o dinero de la procesada hasta cubrir la suma de ciento cincuenta mil pesos ($150.000). Para ello, reparó en que las costas del proceso debían verse integradas también por los gastos en los que había incurrido el Estado Nacional a raíz de las amenazas realizadas, es decir, los operativos de seguridad dispuestos por el departamento de seguridad presidencial que tuvo que reforzar todos los aspectos (materiales, humanos, logísticos, etc.) de la seguridad del presidente y su familia, a fin de evitar un posible atentado.
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