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Lunes, 24 de noviembre de 2008
Jurados populares pueden juzgar a menores en Córdoba
La Justicia cordobesa convalidó su intervención en casos en los en que un menor haya cometido delitos junto a mayores de edad. Sin embargo, aclaró que la pena sólo podrá ser impuesta por un juez. Fallo completo
La Cámara Múltiple de Deán Funes, Córdoba, convalidó la intervención de jurados populares en el juzgamiento de menores de edad cuando están imputados por delitos presuntamente cometidos junto a mayores de 18 años.
Pero remarcó que la decisión del tribunal mixto “se limitará a la declaración de responsabilidad penal, mientras que la individualización de su eventual tratamiento penitenciario será a cargo del tribunal de menores”.
El tribunal (integrado por los camaristas Juan Abraham Elías, Horacio Enrique Ruiz y Juan Carlos Serafín) efectuó estas consideraciones en la sentencia que condenó al mayor de edad Gonzalo Rubén Nóblega a la pena de 18 años de prisión, por el delito de homicidio en ocasión de robo en perjuicio de una anciana de 70 años, ocurrido en octubre de 2007 en la ciudad de Deán Funes.
La defensa había planteado la incompetencia del tribunal integrado con jurados populares para el juzgamiento del coimputado V.A.M., menor de edad cuando se produjeron los hechos, en virtud de la Ley de Protección Judicial del Niño y el Adolescente.
Sin embargo, la cámara entendió que si bien el artículo 68, segundo párrafo, de la ley 9.053 establece que en ningún caso el tribunal se integrará con jurados, “dicha limitación no rige en el caso de autos en que se juzga la participación de un mayor y un menor de 18 años (artículo 50)”.
El fallo puntualiza que el juez de menores tiene competencia para intervenir como tribunal de juicio sólo en los casos que se juzga a un menor respecto de delitos de acción pública reprimidos con penas privativas de la libertad cuyo máximo excede los dos años de prisión; mientras que, cuando existe participación o conexión entre menores y mayores de 18 años, su intervención se circunscribirá a la aplicación de las medidas tutelares que estime convenientes y a la imposición de pena -si correspondiere-, previa declaración de responsabilidad por parte del tribunal de juicio.
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