Córdoba, 5 de agosto de 2009.-

Un estudio encargado por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba al Área de Investigación del Centro de Perfeccionamiento Ricardo Núñez, determinó que el 58% de las causas que actualmente se tramitan en los Juzgados de Menores Prevencionales (2750 expedientes) abordan casos de niños o adolescentes víctimas de violencia en sus diferentes manifestaciones tales como maltratos físicos (1052), maltratos por omisión (685), actuaciones encuadradas en el marco de la Ley de Violencia Familiar (430), abusos sexuales (399), maltratos psicológicos (165) y explotación (19).

Luego se ubican las situaciones de desprotección de niños o adolescentes con un 15% (725 causas), las problemáticas de salud o prestaciones sociales-asistenciales con un 14% de los expedientes (693 expedientes) y casos de fuga del hogar con un 13% del total (620 causas).

Estos datos fueron empleados por el Alto Cuerpo para definir la adecuación de la competencia de los jueces de menores prevención que fenece el próximo 15 de agosto cuando entrará en vigencia plenamente la Ley Nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, norma que otorga mayores competencia al Poder Ejecutivo en la promoción del acceso equitativo e igualitario a condiciones que mejoren, reparen y garanticen los derechos de los menores de edad.

Nueva competencia para Juzgados de Menores

Por medio del Acuerdo Reglamentario Nº 987, se estableció que a partir del 16 de agosto próximo los jueces de menores dejarán de intervenir en las situaciones en las que "con su propio obrar" los niños o adolescentes comprometieren gravemente su salud. Tampoco intervendrán en las actuaciones sumarias para garantizar las prestaciones sociales y asistenciales de los menores; ni en las ausencias del hogar de los adolescentes que hayan cumplido los 14 años; ni tampoco cuando el menor hubiera sido dejado por los padres. En todos esos casos, será la Secretaría de la Mujer, Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia el organismo encargo de promover el acceso equitativo e igualitario a condiciones que mejoren, reparen y garanticen los derechos de los menores de edad.

Sin embargo, los jueces de menores prevencionales continuarán interviniendo cuando los niños y adolescentes víctimas de delitos y faltas cometidas por sus padres, tutores o guardadores; o bien sufran "malos tratos, correcciones inmoderadas, negligencia grave o continuada explotación o grave menoscabo de su personalidad por parte de sus padres, tutores o guardadores".

También continuarán actuando en situaciones de desprotección tales como la exposición, la filiación desconocida, cuando exista un impedimento legal de los padres para brindarles protección a sus hijos o bien cuando los padres "manifestaran expresamente su voluntad de desprendimiento definitivo, aún para ulterior adopción".