Con el objeto de procurar contribuir al diseño de un instrumento jurídico eficaz y accesible para las personas privadas de su libertad y remarcar las características de la acción constitucional autónoma y expedita, el Sistema de Control de Cárceles produjo una serie de señalamientos de buenas prácticas para los procedimientos de hábeas corpus correctivo.

Se trata de la V Recomendación del Sistema, que en esta oportunidad se reunió en la Sala de Acuerdos de la flamante Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, que estuvo representada por su presidenta, María Laura Garrigós de Rébori; el vicepresidente, Horacio L. Días, y el juez Daniel Emilio Morin, reafirmando su incorporación al espacio interinstitucional que tiene como objetivo la protección de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad.

En el mismo sentido y con idéntico alcance participó del acto el juez de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata Antonio Pacilio.

En el encuentro de rúbrica también estuvieron presentes el presidente del Sistema de Control de Cárceles, Gustavo M. Hornos; los jueces integrantes Mariano Hernán Borinsky, Sergio Paduczak, Martín Vázquez Acuña; por la Procuración General de la Nación –Procuraduría contra la Violencia Institucional- el fiscal Miguel Palazzani y Bárbara Franco; el cotitutar de la  Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación, el defensor Guillermo Todarello; Leonardo Filippini, por la Procuración Penitenciaria de la Nación; Mariano Lanciano, en representación del CELS; Guillermo Fanego, en representación del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, y funcionarios invitados especialmente para la ocasión, Paula Gorsd y María Virginia Barreyro y la secretaria del Sistema, Lucía Gallagher.

Hornos resaltó la importancia de la reunión en esa sede y del instrumento elaborado entre todos los miembros en base a la jurisprudencia y doctrina internacional y nacional sobre la materia, a un relevamiento del diferente trámite que se viene imprimiendo a estas acciones en todo el país y a las necesidad expresadas por las personas privadas de su libertad a través del acercamiento en los numerosos monitoreos realizados por miembros del Sistema.

El documento que, como en otras oportunidades, también fue firmado por la señora defensora pública general, Stella Maris Martínez, tiene como objetivo principal de las instituciones comprometidas otorgar a la acción de naturaleza constitucional la mayor eficacia para la tutela jurisdiccional de los derechos de las personas privadas de su libertad.

En este sentido, se tiene en cuenta la especial situación en la que se encuentran las personas privadas de la libertad, a los efectos de peticionar ante las autoridades. Es evidente que el contexto de encierro los coloca en condiciones de desventaja en comparación con quienes se encuentran en el medio libre.

Así, cualquier circunstancia que pueda redundar en una afectación de derechos de los internos debe ser examinada con esta perspectiva, ya que frente a determinadas problemáticas no pueden asimilarse situaciones imaginables en la vida libre a las condiciones imperantes en el marco de la privación de libertad.

El documento busca unificar criterios de procedimiento a fin de superar las desigualdades susceptibles de traducir, según el caso concreto, una limitación o bien conculcar derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad y consecuentemente el agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención (art. 43 CN).

Informe: Comisión de Ejecución Penal de la Cámara Federal de Casación Penal