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Miércoles, 27 de mayo de 2015
Lesa humanidad: piden 25 años de prisión para un exjuez en un juicio oral por crímenes en Tucumán
Lo solicitaron los representantes del Ministerio Público Fiscal para Manlio Torcuato Martínez. Entre otros delitos está acusado por privación ilegítima de la libertad y asociación ilícita. El debate sigue este jueves. CIJ TV transmite en vivo
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán dio inicio este miércoles a las audiencias de alegatos de las partes en un juicio oral contra el exjuez Manlio Torcuato Martínez, acusado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. CIJ TV transmite en vivo.
El tribunal -integrado por los jueces Hugo Norberto Cataldi, José Fabián Asis y Mario Eugenio Garzón- escuchó la exposición de los representantes del Ministerio Público Fiscal, quienes solicitaron la pena de 25 años de prisión para Martínez, por considerarlo penalmente responsable de los delitos de abuso de autoridad, homicidio doblemente agravado, violación de domicilio, prevaricato, privación ilegítima de la libertad y asociación ilícita.
Si bien el inicio de las exposiciones estaba previsto para el martes pasado, el tribunal informó que resolvió reprogramar la audiencia por cuestiones operativas del proceso.
En la causa, Martínez está imputado en carácter de autor de los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público (art. 248 Código Penal), denegación y retardo de justicia (art. 274 Código Penal); y en carácter de partícipe (art. 46 Código Penal) de los homicidios calificados de María Alejandra Niklison, Fernando Saavedra, Eduardo González Paz, Juan Carlos Meneses y Atilio Brandsen (art. 80 incisos 2 y 6 Código Penal).-
Asimismo, se le imputan a Martínez los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público (art. 248 Código Penal), prevaricato (art. 269 Código Penal) y privación ilegítima de la libertad (arts. 144 bis incs. 1 y 3 del Código Penal) en relación con Miguel Atilio Romano (fallecido). Finalmente se le imputa haber sido miembro de una asociación ilícita (arts. 210 y 210 bis del Código Penal).
Actúa en representación de la acusación pública el fiscal general Diego Velasco; como representantes de la querellas, por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y por María Delina Romano y Silvia Patricia Romano, los abogados Bernardo J. Lobo Bugeau y Pablo Gargiulo; como representante de la querella de María Alejandra Romero Niklison, Gerardo Romero y Lucía Romano, los abogados Emilio Guagnini y María Alejandra Romero Niklison. Intervienen en representación del Ministerio Público de la Defensa, los defensores ad hoc Manuel Bonnin y Vanessa Lucero, por la defensa del imputado.
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