El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ), Domingo Sesin, aseguró el pasado lunes que, cuando los jueces controlan a los otros poderes del Estado, “tal proceder no implica una intromisión, sino un apego estricto a la Constitución”.

“Todo Poder Judicial maduro enfrenta la difícil tarea de imponer límites a los actos de los poderes Legislativo y Ejecutivo”, afirmó el magistrado durante el acto de apertura del Año Judicial 2015.

En la ceremonia celebrada en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio de Tribunales I, Sesin manifestó que, a raíz de la reforma de 1994, que otorgó jerarquía constitucional a numerosos tratados internacionales sobre derechos humanos, “el juez tiene un rol de control más amplio”.

“Pero esto no significa que el juez administre o que legisle discrecionalmente”, expresó el presidente del Alto Cuerpo, que agregó: “No hay gobierno de los jueces, sino gobierno de la Constitución”.

“Ni la Constitución, ni los tratados internacionales, ni las leyes, que amplían los derechos y el alcance del control judicial, son redactados por los jueces, sino por los otros poderes del Estado”, enfatizó el magistrado. En el mismo sentido, precisó que, no obstante el mayor control que corresponde a los jueces, este “siempre debe ser ejercido dentro del orden jurídico y de la zona de reserva reconocida a los otros poderes para ponderar la oportunidad, el mérito y la conveniencia de las políticas públicas”.

La situación de Córdoba

En el momento de defender el valor central de la independencia judicial, el presidente del TSJ lamentó que en América Latina “algunos gobernantes sean reacios a respetar los pronunciamientos de jueces y fiscales”. No obstante, aclaró: “distinto es lo que ha sucedido en Córdoba, que continúa una trayectoria en la que la madurez de la clase política, en general, se ajusta a los designios constitucionales, aceptando –les guste o no- los pronunciamientos jurisdiccionales”.

El magistrado puso como ejemplo lo que sucede, desde hace 15 años en Córdoba, donde a raíz de una autorrestricción del Poder Ejecutivo, en vez de optar por un postulante dentro de una terna, se designa a quien ha salido “escrupulosamente primero en el orden de mérito” de los concursos que celebra el Consejo de la Magistratura, lo que “no ocurre en la Nación ni en las otras provincias”.

“Sería interesante que, en algún momento, esta decisión, que dignifica la transparencia, la idoneidad e igualdad de oportunidades, sea garantizada por ley”, aseveró.

Asimismo, Sesin subrayó el valor de la independencia remunerativa alcanzada en Córdoba, donde “el poder político dejó de fijar la remuneración de los jueces, que se sigue por los lineamientos que fija la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. No obstante, consideró que otro paso adelante significaría la “independencia presupuestaria, como en la Provincia de Buenos Aires, o que un porcentaje del presupuesto sea administrado por el Poder Judicial, como ocurre en otras provincias”. De la ceremonia participaron, además de los otros vocales del TSJ, jueces y miembros del Ministerio Público Fiscal, legisladores y funcionarios del Poder Ejecutivo, la vicegobernadora, Alicia Pregno, y el presidente de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicias (Jufejus), Rafael Gutiérrez.