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La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Hernán Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo M. Hornos, revocó la resolución dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal nº 3 de la Capital que no hizo lugar al pedido de embargo por un monto superior a los 80 millones de pesos, solicitado por la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en su carácter de parte querellante.
En el caso se investiga el pago de sobreprecios por el Estado Nacional, de aproximadamente 120 millones de pesos, relacionados con la contratación de servicios informáticos que celebró la DGI con la firma IBM Argentina SA en 1994.