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Fecha:
Viernes, 05 de junio de 2009
El Gobierno debe justificar el manejo de fondos para partidos
Lo resolvió la Cámara Nacional Electoral. Fue a partir de un reclamo del ARI, por el que cuestionó el modo en que el Ministerio del Interior otorga asignaciones a las distintas fuerzas políticas. Revocó una sentencia de primera instancia. Fallo completo
La Cámara Nacional Electoral hizo lugar a un reclamo del ARI, que cuestionaba el modo en que el Ministerio del Interior otorga fondos públicos a los partidos políticos.
El planteo del ARI se basó en que ese Ministerio le asigna aportes extraordinarios a algunos partidos de un modo discrecional y sin dar explicaciones sobre los criterios que utiliza para otorgar esos recursos o para denegarle a algunas agrupaciones los aportes que le adjudica a otras.
La Cámara Nacional Electoral admitió ayer ese reclamo, enfatizando la necesidad de que el Ministerio del Interior explique, en cada caso, las razones por las cuales se conceden o deniegan esos aportes.
En su sentencia, los jueces de la Cámara -Santiago Corcuera, Alberto Dalla Via y Rodolfo Munné- destacaron que los órganos del Estado deben ejercer sus atribuciones legales de manera “razonable”, por lo que las autoridades públicas deben expresar en forma concreta “las razones que inducen a emitir el acto”. De lo contrario -señalaron los magistrados- una decisión inmotivada “es abuso de poder, es arbitrariedad […] si no tiene la simple y humilde explicación que la coloca por debajo del derecho y no por encima de los hombres”.
En ese sentido, explicaron que cuando se trata del reparto discrecional de fondos públicos a los partidos políticos esta exigencia se agrava especialmente ya que está en juego el respeto a la igualdad de oportunidades entre los partidos políticos, que es lo que justifica, precisamente, la asignación de aportes estatales a esas organizaciones.
La Cámara expresó también algún reparo a que sea el Ministerio del Interior el que distribuya los aportes públicos, señalando que “más allá de lo conveniente o no que pueda resultar encomendarle a un órgano político el manejo de los recursos públicos destinados a las organizaciones partidarias, no es dudoso que esta circunstancia impone fortalecer la transparencia en el reparto de dichos recursos”.
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