En el marco de la causa del Primer Cuerpo de Ejército, donde se investiga el terrorismo de Estado durante la última dictadura militar, relacionada con los centros clandestinos “Club Atlético”, “Banco” y “Olimpo”, el juez federal Daniel Rafecas dispuso la elevación a juicio oral y público de otros 8 represores (ex oficiales del Ejército, Policía Federal, Gendarmería Nacional y Servicio Penitenciario Federal), por secuestros, torturas y homicidios allí cometidos durante 1976 y 1977. Todos ellos están detenidos con prisión preventiva en cárceles del Servicio Penitenciario Federal.

De este modo, en la resolución, de 1500 páginas, se concreta la elevación a juicio de uno de los tramos más importantes de la causa I Cuerpo de Ejército, por la cantidad de víctimas (casi 350) y por la cantidad de imputados por estos hechos, restando ahora la realización del juicio oral y público por parte del Tribunal Oral Federal Nº 2, juicio oral que, por sus dimensiones y relevancia, resultará de suma trascendencia para la obtención de Verdad, Justicia y reparación para las víctimas, respecto de estos sucesos.

El juez Rafecas ya había efectuado en 2008 la primera elevación a juicio por el “circuito A.B.O.”, de 16 represores, ya condenados por el TOCF 2 de Capital Federal y confirmado por la Cámara Federal de Casación Penal.

En este nuevo tramo, ahora elevado a juicio, a estos otros acusados se les imputa la privación ilegal de la libertad de 347 personas que permanecieron en el centro clandestino y fueron sometidas a tormentos, y también su participación en el homicidio de 19 de ellas, con respecto a las cuales el juez tuvo por acreditado que integraron un “traslado”, que tuvo por fin su seguro e inmediato homicidio.

Así, de los ochos nuevos acusados cinco de ellos pertenecían al área de inteligencia de la Policía Federal: Eduardo Cruz, alias “Cramer”, Pedro Santiago Godoy, alias “Calculín”; Juan Carlos Chacra, alias “Paco”, Raimundo Izzi, y Carlos Alberto Lorenzatti, alias “Gato Viejo”.

A esta lista se suman Juan Méndez, alias “Nelson”, oficial de Gendarmería Nacional; Alfredo Omar Feito, alias “Cacho”, del área de inteligencia del Ejército Argentino, y Héctor Horacio Marc, alias “el Ruso”, miembro del Servicio Penitenciario Federal.

En la resolución se tuvo por probado que 19 de las víctimas alojadas en el centro de detención, egresaron del mismo para su segura e inmediata muerte, bajo la forma de traslados que encubrían el verdadero destino de las víctimas, al demostrarse en diez casos, es decir la mitad de los restos mortales de quienes formaron parte de este “traslado”, aparecieron y fueron identificados por antropólogos forenses en tumbas N.N. del partido de la Costa, es decir, fueron objeto de un “vuelo de la muerte” organizado por el Ejército de un modo similar al empleado por la Marina para víctimas de la ESMA.

Por ello, además de considerarlos autores de los secuestros y las torturas, Rafecas sostuvo que los imputados también actuaron como partícipes necesarios de los homicidios agravados de ese grupo de 19 víctimas, al mantenerlas cautivas en el centro de detención bajo condiciones infrahumanas y aplicación de torturas orientadas a obtener su despersonalización, y al entregar a las víctimas para su homicidio.

Este mismo temperamento había sido ya adoptado por el juez Rafecas el 18 de noviembre pasado con relación al centro clandestino de detención Cuatrerismo o Protobanco, en donde los traslados-homicidos fueron atribuidos a las autoridades y personal que hacía la custodia de los detenidos en el centro de detención.