En el marco de la megacausa del Primer Cuerpo del Ejército, se dio conocer que el Juez Federal Daniel Rafecas elevó a juicio oral y público al ex agente de la Secretaría de Inteligencia del Estado César Alejandro Enciso, alias “Pino” por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura vinculados con el centro clandestino de detención y tortura “Automotores Orletti”.

Enciso fue extraditado desde el Brasil por el Supremo Tribunal Federal de ese país a pedido del Juez Rafecas y trasladado por una comisión policial que arribó a Buenos Aires hace un año. Fue procesado en diciembre de 2013 y actualmente se encuentra detenido en la cárcel federal de Marcos Paz.

El Juez había requerido al prófugo -tras haber viajado a Uruguay en 2011 a entrevistar a víctimas del citado CCDT-, para juzgarlo por secuestros y torturas de unas 40 víctimas, delitos calificados como de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles.

No obstante, la decisión de la Suprema Corte brasileña, que no reconoce el principio de imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad que rige en materia internacional,  sólo permitió el juzgamiento de Enciso por los secuestros de cuatro de esas víctimas, Gerardo Franciso Gatti, Julio César Rodríguez, Manuela Santucho y Cristina Navajas, en la medida de que actualmente se encuentran desaparecidas y se considera que el delito “se sigue cometiendo”.

Por ello, el juicio oral que propicia la decisión del Juez Rafecas se referirá a esos cuatro casos que la Justicia Brasilera autorizó para los juicios a realizarse contra Enciso en nuestro país.

El acusado Enciso, yerno del General Otto Carlos Paladino, por ese entonces Secretario de Inteligencia de la SIDE, habría actuado en “Orletti” bajo el apodo de “Pino” junto con otros agentes de inteligencia, de la Triple A y del ejército uruguayo. Fue mencionado y reconocido en fotografías por víctimas uruguayas que estuvieron en cautiverio en el CCDT.

Como es sabido, “Orletti” funcionó entre mayo y noviembre de 1976 como un centro clandestino de la SIDE bajo el liderazgo de Aníbal Gordon, en un inmueble del barrio de Floresta de la Capital y fue una de las sedes donde tuvo lugar el plan represivo implementado por las dictaduras del cono sur, conocido como “Plan Cóndor”.

La investigación ha probado los hechos secuestros, torturas y homicidios que damnificaron a casi 70 víctimas entre las que se encuentran Marcelo Ariel Gelman, hijo del escritor argentino Juan Gelman y los diplomáticos cubanos Crescencio Galeñena Hernández y Jesús Cejas Arias cuyos restos fueron hallados en junio de 2012 y abril de 2013 respectivamente en tambores metálicos de 200 litros rellenos con cal y cemento en una tosquera de la localidad de San Fernando, siendo esta macabra modalidad de asesinato y desaparición una de las características distintivas de este centro clandestino.

Enciso se suma a una decena de represores que fueron elevados a juicio oral y público por los hechos vinculados al centro clandestino de detención y tortura “Orletti” por el Juez Rafecas, como Eduardo Ruffo, ex Agente Civil de Inteligencia de la Secretaría de Inteligencia del Estado; Raúl Guglielminetti, ex agente civil  de inteligencia del Batallón 601 del Ejército Argentino; Honorio Martínez Ruiz, ex agente de la Secretaría de Inteligencia del Estado; el General de División –también retirado- del Ejército Argentino Eduardo Cabanillas, el Coronel retirado –fallecido- Rubén Visuara, y el Comodoro retirado –fallecido- de la Fuerza Aérea Néstor Guillamondegui;  Miguel Ángel Furci, ex agente de inteligencia de la SIDE; Rolando Nerone y Oscar Gutiérrez y José Néstor Ferrer, los dos primeros del Departamento de Asuntos Extranjeros y el tercero de la Dirección General de Inteligencia, ambas dependientes de la Superintendencia de Seguridad Federal de la Policía Federal Argentina.