El juez Santiago Inchausti, titular del Juzgado Federal Nº 3 de Mar del Plata, dictó el pasado 6 de octubre el procesamiento con prisión preventiva de dos socios responsables y un encargado del local que funcionaba bajo la denominación “Madaho's”, ubicado en  Alem N° 4258, de aquella ciudad.

La medida fue dispuesta en el marco de una investigación llevada a cabo por la Fiscalía Federal Nº 2, a cargo de Pablo Larriera, considerando a los dos primeros prima facie coautores penalmente responsables del delito de trata de personas con fines de explotación sexual agravado por el abuso de situación de vulnerabilidad, por ser cometido contra más de tres víctimas, por la participación de tres o más personas y por haber logrado la explotación en concurso aparente con la comisión del delito de explotación de la prostitución ajena agravado por el abuso de vulnerabilidad; ello reiterado en 17 casos -víctimas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17- que concursan de modo real entre sí, aclarando que en los casos de las víctimas 4, 7, 10 y 13 no se da el agravante de haber logrado la explotación, mientras que el último resulta partícipe necesario.

Además, el magistrado mandó a trabar embargos sobre los bienes de los procesados por sumas de hasta dos millones de pesos.

Asimismo, el magistrado dictó la falta de mérito respecto de otros ocho hechos imputados, sin perjuicio de la prosecución del trámite de la investigación.

Además se indicó que la prisión preventiva se mantendrá hasta tanto los preocesado den cumplimiento a la caución personal mediante dos fiadores fijada en la suma de un millón quinientos mil pesos para los dos socios responsables y cien mil pesos respecto del encargado, habiendo ordenado su prohibición de salida del país y el cumplimiento de  reglas de conducta que incluyen la prohibición de acercamiento a las víctimas.

También se ordenó el decomiso preventivo del bien sito en calle Alem Nº 4285 de Mar del Plata, así como de las sumas de dinero secuestradas y depositadas en el Banco de la Nación Argentina, manteniendo el embargo preventivo y la clausura ordenada sobre el bien por ser el lugar en el que se explotaba el ejercicio de la prostitución ajena.

Por otra parte, se informó que en razón a la problemática social y familiar en la que se encuentran inmersas la totalidad de las víctimas de los hechos se ha dado intervención a los organismos especializados en el delito de trata de personas a los fines de garantizar los derechos que prescribe el art. 6 de la Ley 26.364 y sus modificaciones, haciéndoseles saber la clausura ordenada respecto del bar allanado así como la dependencia económica advertida respecto de las víctimas de la actividad descripta, pues de no adoptarse las medidas sociales del caso y asistirlas, se corre el riesgo serio de que vuelvan a situación de prostitución.