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Jueves, 04 de septiembre de 2014
El juez federal Ariel Lijo dispuso el procesamiento de dos abogados por el delito de defraudación
Fueron imputados por haber intentado cobrarle a un cliente sumas de dinero extranjero con el pretexto de una supuesta remuneración al juez, al fiscal y a los camaristas que intervenían en una causa, y a funcionarios del Complejo Penitenciario Federal
El juez Ariel Lijo, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, procesó a los abogados Francisco José Chirarelli y Marcelo Humberto Fernández por defraudación con pretexto de supuesta remuneración a funcionarios públicos (artículos 173, inc. 10, en función del art. 172 y 45 del Código Penal de la Nación), al haber intentado cobrarle a uno de sus clientes 100.000 dólares y 18.500 euros con el pretexto de remunerar al juez federal, al fiscal federal, a los camaristas de la Sala I que intervenían en la causa y a los funcionarios del Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad -lugar donde se encontraba detenido- para poder recuperar su libertad.
Asimismo, el magistrado ordenó trabar un embargo por un millón de pesos sobre los bienes de cada uno.
Las actuaciones se iniciaron el 19 de junio de 2009, a raíz de la denuncia hecha por un ciudadano español quien hizo saber que luego de designarlos como sus abogados defensores se comunicaron con su esposa y le manifestaron que en los tribunales argentinos “todo se arreglaba con dinero”. Con esta excusa le cobraron, en reiteradas oportunidades, distintas sumas de dinero para que recuperara su libertad en concepto de “gastos efectuados en atención a su detención”.
Inclusive, al momento de llevarse a cabo una audiencia en la Sala I de la Cámara del Fuero, vinculada con la denegatoria de excarcelación, los imputados volvieron a exigir dinero. A diferencia de las anteriores, en esta ocasión ambos reclamaron tanto a su mujer como a sus padres la suma de 100.000 dólares, bajo el pretexto de remunerar a los integrantes de la Sala y con la promesa de ejercer su influencia para que a cambio sus integrantes se valieran de su capacidad funcional para excarcelarlo.
Para ello, ambos procesados se valieron de medios fraudulentos actuando sobre la voluntad del denunciante como la de su esposa, ocasionándoles un perjuicio patrimonial, abusando de su situación de vulnerabilidad -por cuanto aquel se encontraba detenido en un país distinto al de su residencia en el que estaba hacía poco tiempo-, para lograr su plan.
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