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Como resultado de una audiencia citada por el titular del juzgado N° 10 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, Aurelio Ammirato, por la desocupación de un predio bajo la autopista Perito Moreno en el barrio de Villa Luro, las familias actoras y el Gobierno porteño llegaron a un acuerdo. En la audiencia celebrada el pasado el pasado 7 de agosto se acordó establecer el 22 de agosto como fecha límite para desocupar el lugar (sin perjuicio de que algún grupo familiar pueda retirarse antes en cuanto se encuentre en condiciones de hacerlo).
Según se detalla en el acta de la audiencia, los ocupantes del predio aceptaron la propuesta del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de asistencia económica a cada grupo familiar oportunamente censado con 18 mil pesos en un único pago, por medio del Ministerio de Desarrollo Social. Los actores se comprometieron a abandonar el lugar de manera voluntaria y pacifica tras obtener el cheque pertinente.
Por otro lado, ambas partes informaron al magistrado que continuarán las conversaciones extrajudiciales a efectos de determinar el número preciso de grupos familiares a los que corresponda otorgarles la asistencia, debido a que un informe presentado por el Ministerio Público Tutelar reveló que habría en el asentamiento algunas personas que no habían sido incluidas en los relevamientos practicados previamente por cuanto, circunstancialmente, no se encontraban presentes cuando fueron efectuados. A esto se suma que el Gobierno manifestó que algunos habitantes ya recibieron asistencia estatal y por lo tanto “es necesario analizar en particular su situación y la de su grupo familiar”.
Con respecto a las condiciones edilicias de los inmuebles, el Subsecretario de Descentralización, presentó un informe respecto a las medidas implementadas con el objeto de minimizar los riesgos en cuanto al peligro latente del lugar. También manifestó la buena predisposición que ha existido por parte de los habitantes para encontrar una solución al conflicto.
Además de contar con la presencia de ambas partes, participaron de la audiencia integrantes del Ministerio de Desarrollo Social, representantes de la Comuna N° 10, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y el Ministerio Público Tutelar.