El pasado jueves, en la Sala de Acuerdos de la Cámara Federal de Casación Penal, se realizó un acto por el primer aniversario del Sistema de Control Judicial de Unidades Carcelarias, un espacio interinstitucional cuyo objetivo principal es proteger los derechos humanos de las personas privadas de libertad, destacando el valor de la persona humana como objeto de tutela.

Participaron los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal Mariano H. Borinsky (presidente), Ana María Figueroa, Ángela E. Ledesma, Luis María Cabral y Gustavo M. Hornos (quien preside el Sistema de Control Judicial de Unidades Carcelarias); el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, y la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó.

También asistieron, entre otros, autoridades del Servicio Penitenciario Federal; el subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial, Franco Picardi; los fiscales a cargo de la Procuraduría Contra la Violencia Institucional (Procuvin), Abel Córdoba y Roberto Cipriano García; los jueces Mirta López González, Sergio Paduczak, Martín Vázquez Acuña, Cristina De Luca Giacobini y Marcelo Vázquez, además de funcionarios que participan y colaboran con la actividad, como la secretaria del Sistema Lorena A. Fusco.

La Defensoría General de la Nación –cuya titular se encontraba en el exterior- estuvo representada por algunos de los defensores que conforman la Comisión de Cárceles de la institución, como Marcela Piñeiro y Ricardo Ricchiello, entre otros, y en representación de la Procuración Penitenciaria de la Nación asistieron Ariel Cejas Meliare y otros funcionarios.

Asimismo, participaron representantes de organismos que intervienen en carácter de miembros consultivos y que otorgan una mirada externa y pública al Sistema, como el Centro de Estudios Legales y Sociales y el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

En ese marco, Hornos recordó que en el acuerdo establecido un año atrás todos coincidieron en que el eje de Sistema debía ser “el reconocimiento del valor de la persona humana privada de su libertad, que no pierde por esa condición la protección de la Constitución Nacional”.

Además, Hornos destacó: “Queda mucho por hacer respecto de las condiciones de detención, la salud, alimentación, educación, inclusión social y otros aspectos que hacen a la dignidad de la persona detenida y al bien común de toda la sociedad”.

Respecto de los logros, remarcó las recomendaciones realizadas por el Sistema a jueces y fiscales en alojamientos penitenciarios, así como también la constitución de una Mesa de Diálogo directo con las autoridades políticas como mecanismo de discusión y búsqueda de soluciones inmediatas.

Finalmente agregó que la “existencia misma del Sistema constituye un factor positivo hacia la transparencia de instituciones caracterizadas por la opacidad, como lo son las cárceles”.

Informe: Cámara Federal de Casación Penal