El titular del juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 2 de la Ciudad, Roberto Gallardo, resolvió el 19 de mayo ordenar al Ministerio de Educación porteño que remueva en forma definitiva, en el término de diez días, las instalaciones metálicas modulares ubicadas en la Escuela Normal en Lenguas Vivas “Sofía E. Broquen de Spangenberg”, bajo apercibimiento de ejecución forzada.

Asimismo, dispuso que se haga efectiva la sanción dispuesta en forma personal al ministro Esteban Bullrich, estableciendo el monto diario de condena en veintisiete mil ochocientos cincuenta pesos, computándose como fecha inicial de sanción el 5 de marzo pasado.

Por otra parte, Gallardo ordenó a la Superintendencia de Bomberos que releve las condiciones de seguridad contra incendios y salidas de emergencia del sector de las nuevas aulas de planta baja donde funciona el nivel pre-escolar. En caso de verificar que las instalaciones son potencialmente peligrosas para los niños y docentes, deberá clausurar las dependencias hasta tanto el Gobierno de la Ciudad “revierta los extremos objetados y el tribunal decida en contrario”.

La medida fue dispuesta en el marco de un amparo iniciado por los padres de un alumno de la institución con el fin de que se subsanen las irregularidades relativas a la situación del edificio escolar.

En febrero, el juez había ordenado una serie de medidas respecto al uso de las “aulas container” y la realización de obras de refuncionalización en la escuela. A pesar de haber intimado al Gobierno para que las cumpla, Gallardo corroboró, tras una nueva inspección ocular, que siguen existiendo irregularidades que “implican un grave riesgo para la integridad y la salud de los alumnos”.

Entre otros incumplimientos, el magistrado consideró que los containers se ubican en el sector donde los alumnos realizan actividades recreativas y han sido utilizados para dictar talleres, a pesar de la prohibición dispuesta en relación a que alberguen alumnos.

Asimismo, las autoridades no informaron sobre la compra, locación o tenencia de las unidades modulares, ni remitieron toda la documentación relacionada con las obras efectuadas, en particular lo relativo a la verificación del cumplimiento de las normas aplicables a la construcción y reforma de edificios escolares.

A pesar de haber transcurrido dos meses y medio del inicio de las clases, las refacciones tampoco se encuentran terminadas y los sectores reformados se utilizan sin habilitación de la Superintendencia de Bomberos. Incluso, “los medios de evacuación del sector de jardín de infantes se encuentran irregularmente clausurados, convirtiendo así al lugar, en caso de un eventual siniestro, en una especie de trampa”.

Finalmente el magistrado consideró en su resolución una presentación efectuada por el Ministerio Público Tutelar, en la que denunciaba que el ex rector del Lenguas Vivas había sufrido descargas eléctricas de uno de los containers y que, luego del incidente, el mismo container había sido utilizado para dictar un taller con alumnos. “La empresa proveedora de los containers y que actualmente tiene a su cargo su mantenimiento y refacción según lo manifestado por la señora rectora, Las Cortes S.R.L., es la misma que luego de las descargas eléctricas sufridas por el ex rector, informó haber dado solución a los desperfectos de la instalación eléctrica respectiva, hecho luego desmentido por el personal de la División Siniestros de la Superintendencia de Bomberos”, afirmó Gallardo.