La Auditoría General de la Nación entregó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación los informes aprobados referidos a la Calidad en Gestión Administrativa en la Secretaría General de Administración y a la Cuenta de Inversión de la Corte Suprema de Justicia.

Dicha entrega la realizó el presidente de la Auditoría General de la Nación, Dr. Leandro Despouy, al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Ricardo Luis Lorenzetti, y al Secretario General de Administración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Cr. Héctor Daniel Marchi.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de la Secretaría General de Administración, decidió en el año 2011 firmar un convenio con la Auditoría General de la Nación para realizar un estudio de la calidad de la gestión administrativa de dicha Secretaría, con el objeto de lograr la certificación de calidad de la gestión.

Este convenio se sumó a los que de manera anual realiza la Corte Suprema de Justicia, a través de la Secretaría General de Administración,  con la Auditoría General de la Nación para someter voluntariamente a los controles externos de ese organismo -independientemente de los controles internos que realizan las dependencia del Alto Tribunal- sus cuentas de inversión con el objetivo de consolidar la transparencia en la gestión. Desde el año  2003, y en forma continuada, las cuentas de inversión de la Corte Suprema cuentan con la auditoría de dicho organismo, que prosigue con esta tarea actualmente y mantiene el compromiso de seguir haciéndolo en el futuro. Con respecto a ello, no se detectaron irregularidades y las sugerencias realizadas por la Auditoría General de la Nación fueron siempre implementadas por la Secretaría General de Administración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Es importante destacar que los recursos y gastos del Poder Judicial de la Nación se administran a través de dos Servicios Administrativos Financieros, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Consejo de la Magistratura. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ejerce la función jurisdiccional de última instancia, se encarga de las tareas de administración y de control de los recursos materiales y humanos que se hallan bajo su órbita, mientras que del Consejo de la Magistratura dependen administrativamente las cámaras de los distintos fueros y los tribunales de primera instancia, encargándose de administrar en consecuencia todas las erogaciones vinculadas a ellos, incluyendo obras, refacción de edificios y alquileres. El Alto Tribunal, que mantiene la superintendencia, no administra el presupuesto asignado al Consejo de la Magistratura.

Del total del presupuesto del Poder Judicial de la Nación, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene asignado, y administra, aproximadamente el 15% de ese total, mientras el 85% restante es administrado por el Consejo de la Magistratura.

Respecto del estudio especial de la Auditoría General de la Nación sobre la calidad de gestión administrativa de la Secretaría General de Administración de la Corte Suprema de Justicia, su objeto fue analizar la implementación de los nuevos sistemas de control aplicados sobre los procesos de gestión presupuestarios, que fueron propiciados por el Servicio de Administración Financiero de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que tienden a asegurar principios de eficiencia y eficacia.

Entre las principales conclusiones de este estudio realizado por la Auditoría General de la Nación sobre la gestión de la Secretaría General de Administración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que abarca estimativamente un 15% del total del presupuesto del Poder Judicial de la Nación, y que es la parte que administra presupuestaria y financieramente la Corte,  se pueden citar:

“Con el dictado de los actos relevados se visualiza la planificación de acciones a desarrollar, con la finalidad de controlar los procedimientos administrativos y asegurar resultados eficientes en la gestión administrativa y operativa.

Las funciones asignadas a la Unidad de Auditoría Interna buscan asegurar la inspección y control sobre la gestión administrativa, para certificar la calidad de los resultados, y, que de cumplir dichas funciones obtendrán la razonabilidad de la transparencia de la gestión.

De continuar con el nombramiento de los cargos e inclusión de la misión y funciones en la estructura orgánica del organismo, de las Unidades de Control, Cuerpos de Gestión, y demás Dependencias creadas, coadyuvará al cumplimiento de las mismas, y a observar los principios de diligencia en la repuesta, transparencia, equidad y eficiencia.

De proseguir con las directrices, y los criterios de decisión y objetivos generales relativos a la calidad de la organización, como se expresan formalmente en los actos visualizados, se podrá obtener una Política de Calidad.

El Alto Tribunal ha definido la necesidad de lograr y garantizar una justicia rápida y efectiva para todos, y que para ello determinó fijar una serie de políticas administrativas, dictando una serie de medidas que permitieran obtener el objetivo.
Entre las más relevantes, ha iniciado su política con la implementación y puesta en marcha de la Unidad de Auditoría Interna, y la creación de Fondos con afectación específica para asegurar y garantizar los recursos financieros para ser destinados a inversiones y gastos de infraestructura, equipamiento, gestión institucional de los recursos materiales y humanos, y ante posible reducción de los recursos en situaciones excepcionales o no contempladas durante los ciclos económicos, con la finalidad de lograr un servicio de justicia eficiente y eficaz y solucionar los conflictos en un tiempo razonable. No obstante, dichos recursos continúan siendo extrapresupuestarios.

Asimismo, ha incorporado presupuestariamente, los recursos que institucionalmente se trataban como extrapresupuestarios, en particular los que se depositaban en la cuenta corriente 289/1 “Corte Suprema de Justicia de la Nación, art. 8/10, Ley 17.116”.

Por otra parte, al mismo tiempo que aprueba su presupuesto y lo eleva a la Secretaría de Hacienda, ha procedido a comunicar a la Oficina Nacional de Presupuesto las Aplicaciones Financieras resultantes de los remanentes de ejercicios (de acuerdo al 50 de la ley 25.064 que sustituye el último párrafo del art. 3 de la Ley 23.853). No obstante, el Presupuesto Nacional no incorpora dichas Aplicaciones Financieras al presupuesto del organismo para su libre ejecución presupuestaria.

Así también, ha avanzado en el incremento de la recaudación por Spread Bancario por los depósitos judiciales a través de gestiones con las distintas entidades bancarias.

En base a lo expresado anteriormente podemos concluir que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha definido la necesidad de obtener el gerenciamiento por excelencia, e inició el dictado de instrumentos, aprobando actos que inician y determinan las directrices necesarias para la definición y planificación de la política de calidad del servicio administrativo financiero.”

Las conclusiones expresadas en el informe de calidad administrativa en la Secretaría General de Administración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aprobado por la Auditoría General de la Nación, avalan que se están transitando los pasos correctos y necesarios en la política de calidad y que un proceso de mejora continua en la administración llevará a la certificación de la calidad en la gestión.

Los resultados positivos de este informe de calidad y la aprobación de las distintas cuentas de inversión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por parte de la Auditoría General de la Nación, responden al cumplimiento de las recomendaciones en esta materia de dicho organismo y a la aplicación de modernas herramientas de gestión por parte de la Secretaría General de Administración.

Esta información -respecto a la cuenta de inversión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de los distintos años, los informes de aprobación de la Auditoría General de la Nación  y el informe de calidad en la gestión de la Secretaría General de Administración-  puede consultarse en las páginas  web de la Auditoría General de la Nación (www.agn.gov.ar) y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (www.csjn.gov.ar).