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La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó este martes una acordada (32/2013) por la cual dispone una serie de medidas que impulsan la agilización de los procesos penales.
En sus considerandos, el Máximo Tribunal señaló que “es indispensable que el sistema se oriente a la conclusión de los casos en un plazo razonable, sin perder de vista la fortaleza en las decisiones que se adopten en cada caso”. Destacó que dada la multiplicidad de fueros existentes en el sistema judicial resulta conveniente comenzar por aquellas demandas que comprometen al ciudadano en particular y a la sociedad en su conjunto, y que son las vinculadas a la problemática penal.
Agregó que ese objetivo exige la coordinación de múltiples factores, que incluyen la designación de jueces, el diseño de un mapa judicial, el mejoramiento constante del sistema informático, la capacitación de empleados, las reformas procesales penales apropiadas, la implementación de una gestión adecuada del juzgamiento penal, entre otras; tareas que involucran a los tres poderes del Estado.
“Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos que se pudieran haber hecho hasta el momento, no se ha logrado satisfacer la legítima demanda en la materia, por lo que corresponde que el Poder Judicial tome la iniciativa de preparar una base de trabajo y convocar los demás poderes del Estado para discutirla e implementarla”, destacó.
En ese sentido, la Corte dispuso la creación de tres comisiones, de carácter institucional e integrada por jueces penales de todas las instancias del fuero, que deberán elaborar propuestas con el fin de acelerar los juicios penales, dentro de las respectivas jurisdicciones. Esas propuestas, que deberán ser enviadas al Máximo Tribunal dentro de un plazo de 90 días a fin de que sean remitidas a la autoridad que corresponda, deberán contemplar:
1) Reformas internas en el Poder Judicial, referidas a los procesos penales
2) Elaboración de manuales de actuación y de gestión administrativa y procedimental
3) Información al público, transparencia de los procesos, el rol de las víctimas y de las organizaciones no gubernamentales
4) Reformas legislativas procesales
5) Mejoras en el sistema de excarcelaciones y la situación de los detenidos.