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Domingo, 22 de septiembre de 2013
Se realizó una inspección ocular en el marco del juicio oral en Formosa por delitos de lesa humanidad
Fue la semana pasada, en el Regimiento de Infantería de Monte N° 29, donde funcionara un centro clandestino de detención. La medida fue dispuesta por el Tribunal Oral Federal de esa ciudad, que encabeza el debate. Se juzga a ocho imputados
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Formosa realizó el pasado martes una inspección ocular en el marco del juicio oral por delitos de lesa humanidad cometidos en esa provincia durante la última dictadura.
El reconocimiento, que fue encabezado por los jueces Manuel Alberto Moreira, Norma Lampugnani de Arce Mielnik, Carlos Adolfo Soda y Mario Hachiro Doi, se llevó a cabo en el Regimiento Infantería de Monte 29, donde funcionara un centro clandestino de detención.
El debate se realiza en el marco de la causa caratulada “Camicha Juan Carlos y otros s/ asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad agravada, desaparición forzada de personas en función del delito de homicidio”.
Actúan como querellantes los doctores Pedro Velázquez Ibarra, Juan Eduardo Davis, Williams Dardo Caraballo, Roxana Silva y Luis Zapiola. Asimismo, los fiscales intervinientes serán Luis Benítez y Mauricio Romero.
Los imputados que se juzgan en este segundo proceso son:
-Los ex oficiales del Ejército Hugo Kishimoto y Faustino Blanco Cabrera.
-El exsuboficial Juan Carlos Camicha.
-El excomandante de Gendarmería Nacional, Mario Osvaldo Sosa.
- Los exsuboficiales Sergio Gil, Luis González, Félix Oscar Romero y José Medina, miembros de la Guardia del Destacamento de Colonia “San Antonio” conocido como “La Escuelita”, ubicado en la capital provincial.
Cabe recordar que Angel Ervino Spada, también imputado en la causa, se encuentra prófugo.
El primer juicio contra delitos de lesa humanidad realizado en Formosa se concretó en el año 2009, y tuvo como único imputado al ex gobernador de facto Juan Carlos Colombo, recientemente fallecido, quien fue condenado a la pena de 25 años de prisión por ser jefe u organizador de asociación ilícita, privación ilegal de la libertad, tormentos agravados seguido de muerte y desaparición forzada de personas.
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