En el marco de la megacausa del “Primer Cuerpo de Ejército”, el juez federal Daniel Rafecas dictó el procesamiento con prisión preventiva de cinco militares y dos policías por resultar implicados en el funcionamiento del centro clandestino denominado “Sheraton”, donde estuvo cautivo, entre muchos otros, Héctor Oesterheld, guionista autor de “El Eternauta”.

La medida que dispuso Rafecas alcanzó a los coroneles del Ejército (retirados) Juan Manuel Costa, Rodolfo Enrique Godoy, Manuel Antonio Cunha Ferre y Roberto Obdulio Godoy, al ya condenado general de Brigada Héctor Gamen; y a los comisarios de Policía de la provincia de Buenos Aires Leopoldo Luis Baume y Juan Alfredo Battafarano.

El juez tuvo por acreditado en su resolución que el centro de detención y tortura Sheraton, que funcionó en la Subcomisaría de Villa Insuperable, entonces a cargo sucesivamente de los subcomisarios Baume y Battafarano, operó durante dos años (entre octubre de 1976 y octubre de 1978), bajo la órbita del Grupo de Artillería nro. 1 de Ciudadela y bajo el mando del Coronel –ya fallecido- Antonino Fichera, como asimismo de los segundos jefes de la unidad militar y jefes de la Plana Mayor Juan Manuel Costa y Rodolfo Enrique Godoy, como asimismo del oficial de Inteligencia Manuel Antonio Luis Cunha Ferré (considerado el jefe del Sheraton) y el oficial de Operaciones Roberto Obdulio Godoy; a la vez que atribuyó los mismos hechos a Héctor Humberto Gamen, a cargo de la Subzona 11 del Ejército.

En su resolución, el juez tuvo acreditada la incidencia que en el despliegue represivo desatado durante la dictadura, tuvieron las planas mayores de las unidades militares, en las cuales el oficial de Inteligencia (S2) y el oficial de Operaciones (S3) eran piezas clave.

Rafecas dejó sentado en la resolución que, más allá de la ilegalidad y clandestinidad de la represión, el Estado se sirvió de la estructura burocrática preestablecida, la cual en las Fuerzas Armadas implicaba la existencia de planas mayores conformadas en cada unidad militar por las cinco jefaturas, es decir la Jefatura I de Personal (J-I), la Jefatura II de Inteligencia (J-II), la Jefatura III de Operaciones (J-III), la Jefatura IV de Logística (J-IV) y la Jefatura V de Finanzas (J-V).

En tal contexto, sostuvo el juez que el oficial de Inteligencia habría tenido un rol fundamental, no sólo en el diseño y concreción del interrogatorios a los detenidos ilegales, sino en la determinación de nuevas víctimas, surgida no sólo como producto de los interrogatorios bajo tortura, sino también a partir del análisis de la documentación y elementos de los que fueron despojados las víctimas en los operativos ilegales; a la vez que el juez también valoró el significativo aporte del oficial de Operaciones, en tanto el grupo por él comandado se habría avocado a la planificación de operativos, surgidos de la labor de inteligencia.

Rafecas responsabilizó a los siete imputados por la privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos a 18 personas que fueron alojadas en “Sheraton”, y obligadas a realizar tareas para el personal militar, en el Grupo de Artillería nro. 1 de Ciudadela, donde según relatara la desaparecida Ana María Caruso, en una carta dirigida a sus hijas Paula, Andrea y Albertina Carri, habrían asistido los generales “Vaquero, Jáuregui y Martínez”; quienes según el juez corresponderían a los ya fallecidos, general de Brigada Luciano Adolfo Jáuregui, quien entre diciembre de 1975 y diciembre de 1977 se habría desempeñado a cargo de la Jefatura de Operaciones (JIII) a nivel Estado Mayor General del Ejército; el general de División Carlos Alberto Martínez, procesado por Rafecas previamente a su fallecimiento, quien se habría desempeñado a cargo de la Jefatura II del Ejército (JII) del Estado Mayor General durante el período comprendido entre diciembre de 1975 y enero de 1978; y José Antonio Vaquero, general de División, subjefe del Estado Mayor General, durante el período comprendido entre el 30 de diciembre de 1976 y el 1° de julio de 1977.

Por el mismo centro clandestino también pasaron otras víctimas como el sociólogo y escritor Roberto Eugenio Carri y su esposa Ana María Caruso, desaparecidos luego de su paso por “Sheraton”, así como la actual legisladora Delia Bisutti.