La Corte Suprema de Justicia de la Nación realizó este miércoles una audiencia pública en un caso por ingreso de residuos peligrosos a la Argentina provenientes de otro país. El acto se desarrolló en la Sala de Audiencias del Palacio de Tribunales, con la presencia de las partes involucradas.

Se trata de una causa iniciada por Juan Schroder, quien interpuso un recurso de amparo para lograr la nulidad de la cláusula de un contrato firmado por la empresa estatal INVAP con Australia, que prevé la posibilidad del ingreso de combustibles gastados del reactor nuclear que aquella vendió.

El 13 de julio de 2000, INVAP firmó un contrato con Australian Nuclear Sciencie & Technology Organisation (ANSTO) por el que aquella construiría un reactor nuclear que sería instalado en Australia, y se previó la posibilidad de que este país despache combustible usado por el reactor para que sea tratado en la Argentina y luego reenviado a territorio australiano.

En su momento, la Cámara Federal de Bahía Blanca (ver fallo adjunto) revocó la sentencia de primera instancia y declaró la inconstitucionalidad de la cláusula que prevé “la intención de la accionada, de ingresar al territorio del país, combustible quemado, de un reactor nuclear vendido a Australia, residuos y desechos radioactivos.”

Contra ese pronunciamiento, los demandados interpusieron sendos recursos extraordinarios, concedidos parcialmente por la Cámara Federal. Fueron admitidos los planteos referidos al alcance de la prohibición del ingreso al territorio nacional de residuos radiactivos (artículo 41, último párrafo, de la Constitución Nacional).

La audiencia

La audiencia estuvo presidida por el titular del Máximo Tribunal, Ricardo Lorenzetti, acompañado por la vicepresidenta, Elena Highton de Nolasco, y los ministros Juan Carlos Maqueda y Enrique Petracchi. Los jueces consultaron a las partes sobre los argumentos del caso.

En primer término, expusieron los representantes del Estado nacional Rafael Grossi, director general de Coordinación Política de Cancillería, y Elvira Maset, ingeniera de la Comisión Nacional de Energía Atómica.

Grossi aclaró que el contrato firmado con Australia se “encuadra en una política de Estado que favorece la actividad nuclear. La Argentina, junto con un reducido número de países, controla las tecnologías que hacen posible la existencia de esta industria”.

Mientras que Maset aseguró que el Estado nacional cumple con todos los estándares internacionales para el tratamiento de estos tipos de residuos: “Sabemos como manejarlo porque venimos manejando combustibles gastados desde hace mucho tiempo”.

“Usamos todas las medidas de seguridad y protección tecnológicas para preservar la salud de nuestros trabajadores, del ambiente y del público”, agregó.

En tanto, el abogado Gregorio Badeni, que actuó en representación de INVAP, aseguró que no debe hacerse una interpretación literal del artículo 41 de la Constitución nacional (esta norma prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos), sino que “se impone una interpretación dinámica y progresista”, del mismo.

En este sentido, Badeni argumentó que, para considerar la cuestión, no sólo debe tenerse en cuenta dicha norma sino también “la cláusula del progreso -el inciso 19 del artículo 75 (de la Constitución Nacional) que obliga al Congreso a fomentar el progreso científico y tecnológico para bienestar de la comunidad-” y tratados internacionales.
 
Al ser consultado por los ministros, Héctor Otheguy, ingeniero atómico de INVAP, informó que el reactor fue inaugurado oficialmente en abril de 2007 y se encuentra operativo en Australia.

Daniel Sabsay, presidente de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), expuso su posición y en tal sentido remarcó: “No estamos en contra de la actividad nuclear del  país, pero la Constitución prohíbe el ingreso de residuos radiactivos”.

En la misma línea, Raúl Montengro, directivo de aquella fundación, aseguró que “el combustible gastado es un residuo radioactivo”.