En el marco de la causa en la cual se investigan los crímenes llevados a cabo por el personal del Primer Cuerpo del Ejército, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 3, por orden del juez federal Daniel Rafecas fueron detenidos el ex presidente de la Comisión Nacional de Valores de la dictadura, Juan Alfredo Etchebarne, el coronel (retirado) Francisco D’Alessandri, el comandante de Gendarmería Víctor Enrique Rei y el agente civil de inteligencia Raúl Antonio Guglielminetti.

Etchebarne y D´Alessandri fueron detenidos a través de operativos realizados por Interpol en sus domicilios, mientras que los restantes ya se encontraban detenidos en la cárcel de Marcos Paz, cumpliendo condenas, en el caso de Rei por la apropiación del hijo de Liliana Fontana y Pedro Sandoval durante el año 1978 y, en el caso de Guglielminetti por su actuación en los centros clandestinos de detención y tortura “Automotores Orletti” y “Atlético”, “Banco” y “Olimpo”.

En la causa se investigan los secuestros y el sometimiento a torturas de 28 víctimas, ocurridos a fines de 1978, vinculadas al Grupo Económico Chavanne – Industrias Siderúrgicas Grassi, que intervinieron directa o indirectamente en la compra del Banco de Hurlingham, perteneciente a la familia Graiver.

Bajo falsas acusaciones de haber cometido delitos de “subversión económica”, los represores habrían estado en búsqueda del dinero que supuestamente pertenecía a la agrupación Montoneros y que había sido administrado por David Graiver antes de su fallecimiento.

La investigación judicial, iniciada en junio de 2010 en el juzgado de Rafecas, recabó testimonios de numerosas personas, entre quienes se encuentra la mayoría de las víctimas y analizó un copioso conjunto de documentación proveniente de la Comisión Nacional de Valores, el Banco Central de la República Argentina, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal.

También, en agosto de 2011, el magistrado interviniente realizó, junto con las víctimas, una inspección ocular en el Instituto Penal Federal de Campo de Mayo -ex Cárcel de Encausados-, sitio en el cual las víctimas permanecieron cautivas.

La investigación llevada adelante por el juez Rafecas pone de relieve la existencia de una clara persecución a grupos económicos determinados, motorizada desde la Comisión Nacional de Valores y ejecutada por oficiales militares, personal civil de inteligencia y oficiales de Gendarmería Nacional.  

Según indicaron desde el juzgado, Etchebarne, como presidente de la Comisión Nacional de Valores y de forma paralela a una causa ya iniciada en la Justicia Federal, habría promovido la intervención militar en la persecución de las víctimas, denunciándolas ante el general Suárez Mason, comandante del Primer Cuerpo de Ejército y asignándolo luego a contadores y abogados de la Comisión, para la confección de pliegos de preguntas para ser formuladas a los detenidos ilegales.

Además, Suárez Mason conformó un “equipo de trabajo” en cabeza del coronel (fallecido) Roualdes, quien designó como jefe del mismo a D’Alessandri, encontrándose entre sus integrantes el comandante de Gendarmería Rei. Guglielminetti, en tanto, intervino en determinados operativos de secuestro que dirigió ese grupo.