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Miércoles, 27 de marzo de 2013
Casación Penal confirmó una condena a dos policías por apremios ilegales
La Sala II rechazó los recursos extraordinarios presentados contra el fallo del mismo tribunal que, en febrero último, había ratificado para ambos la condena a tres años de prisión en suspenso y seis de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos
La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Alejandro W. Slokar, Ángela Ledesma y Ana María Figueroa, declaró inadmisibles los recursos extraordinarios presentados por las defensas de los policías Gastón Diego De Chiara y Miguel Ángel Elena contra el fallo del mismo tribunal que, en febrero último, confirmara la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 23 que los había condenado, por el delito de apremios ilegales agravados por violencia, a la pena de tres años de prisión en suspenso y seis de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos.
La víctima del maltrato se encontraba en estado de intoxicación, debido a la ingesta de alcohol y tóxicos. Había ingresado al hall de un edificio en el barrio porteño de San Telmo, pensando que había una fiesta en ese lugar. Los vecinos, alarmados, dieron aviso a la Policía. Acudieron el oficial Diego De Chiara y el suboficial Miguel Ángel Elena, ambos de la Policía Federal Argentina. Uno de ellos presionó con la rodilla el abdomen de la víctima y luego el otro lo tomó de los brazos. Inmediatamente, la persona cayó y fue esposada. Enseguida lo llevaron a la calle de los pelos y, estando en el piso aún esposado, uno de los policías le pisó el rostro, sin que la víctima, que tenía enyesada una pierna, opusiera resistencia alguna. Todo ello quedó acreditado en el juicio, convalidado posteriormente por la casación.
El máximo tribunal penal consideró que “ningún motivo justificó el accionar policial en la forma violenta que le produjo lesiones a la víctima, puesto que ésta no se había resistido, ni estaba en condiciones físicas y psicológicas de oponerse al arresto o intentar una fuga, y en relación a ello no hubo discrepancia alguna de los testigos presentes en el momento del hecho”.
En esa línea, la jueza Ana María Figueroa calificó esta situación como un claro ejemplo de abuso de los cuerpos policiales y ejercicio de violencia, y destacó que “no puede tolerarse que funcionarios competentes y encargados de la integridad de los ciudadanos violen la ley y comprometan la responsabilidad del Estado, siendo la condición de los imputados de agentes de la Policía Federal Argentina, debieron observar mayor cuidado en la protección e integridad de las personas en el cumplimiento de su deber funcional”.
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