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En el marco del expediente: “RODRIGUEZ, Hermes Oscar y otros p.ss.aa. privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados y homicidio agravado (Expte. 231/2012), se realizó ayer en la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba la segunda jornada de la audiencia oral y publica para escuchar apelación a procesamientos y sobreseimientos dispuestos por el Juzgado Federal N°3.
Presidió la audiencia el Doctor Carlos Julio Lascano y el Tribunal estuvo integrado por los Dres. Abel G. Sánchez Torres y José María Pérez Villalobo.
En primer término se escuchó al Dr. Osvaldo Viola, defensor de los imputados Jorge Exequiel Acosta y Ernesto Barreiro.
El Dr. Viola argumentó que los juicios de lesa humanidad son juicios políticos y que por ello, los argumentos jurídicos no modifican la sustancia de las resoluciones. Agregó que en este tipo de procesos hay tres víctimas: la legalidad, el Derecho Penal de acto y la defensa en juicio ya que no se puede ejercer defensa sobre hechos incircunstanciados.
Aseguró que los “testigos estrella” en esta causa no fueron torturados y que la tortura no hacia falta ya que el ERP, que era la CIA, cayó por sus propias delaciones.
Sostuvo que los “testigos estrella” necesitan repararse de haber entregado a sus compañeros.
La función de Acosta y Barreiro fue la que les imponía el reglamento, no tomaban decisiones ya que éstas eran adoptadas por Luciano Benjamín Menéndez y Alberto Sasiain, y no por los capitanes, ni el destacamento de inteligencia.
A su turno, expuso el Dr. Jorge Agüero, defensor de los imputados José Hugo Herrera, Juan Eusebio Vega, Luis Alberto Manzanelli y e Italo Pasquini.
En primer lugar se refirió la situación de Juan Eusebio Vega asegurando que el mismo realizaba un curso de inteligencia según su legajo, al momento en que se cometieron los hechos investigados en esta causa.
También agregó que Vega instruía a soldados en inteligencia y comunicaciones y que luego fue pasado al registro de archivos.
Por otra parte, sumó cuestionamientos a los testigos diciendo que por ejemplo, el testigo Piero Di Monte era el secretario de Anadón y que cuando Acosta lo detiene, realiza una simulación de detención con extrema violencia , porque Di Monte era un interrogador.
Cuestionó que se llame a estos delitos “crímenes de lesa humanidad”, porque en realidad son crímenes de guerra ya que según el Estatuto de Roma, los crímenes de lesa humanidad son los que tienen por víctimas a la población civil y en estos casos las víctimas fueron “beligerantes” por lo que se trataría de crímenes de guerra.
Aseguró que el Dr. Carlos Otero Alvarez no quiso escuchar a Acosta en el primer juicio de lesa humanidad porque creyó que con eso “compraba su impunidad” pero le mintieron, agregando que los jueces son solo una etapa de este proceso, aliados circunstanciales y que los están usando.
Consideró que la ley vigente para juzgar estos hechos es el Estatuto de Roma por lo que solicitó que se revoque la resolución apelada y se levante el embargo sobre los bienes de sus defendidos.
Por último, aseguró conocer que los jueces del Tribunal Oral N1 , Dres. Jaime Díaz Gavier, Carlos Otero Alvarez y José Vicente Muscará habrían cobrado una suma de dinero de 5 millones de pesos cada uno, para dictar sentencia condenatoria en la causa “Brandalisis”, el primer juicio de lesa humanidad que se realizó en Córdoba.
También denunció el presunto robo de un expediente de la misma causa Brandalisis por parte de la Fiscal , Dra. Graciela López de Filoñuk, en el que se beneficiaba a sus defendidos ya que contenía un informe sobre la muerte de las víctimas de la causa, realizado por el juez militar Timoteo Gordillo.
Interrogado por el Sr. Juez José María Pérez Villalobo sobre el primer punto, el Dr. Jorge Agüero aseguró haber oído este dato en “los corrillos” durante la deliberación final del Tribunal en el juicio, al encontrarse el letrado en la sala de los imputados.
Sobre la segunda situación expresó que ese expediente estaba adosado a la causa antes de empezar el juicio y que durante el mismo él lo pidió y el expediente no estaba.
El Dr. José María Pérez Villalobo pidió que se giren estos antecedentes a la fiscalía de turno.
Por su parte, el Dr. Abel Sánchez Torres, le solicitó al Dr. Agüero que revise los conceptos y adjetivaciones vertidos por el letrado calificando a los jueces y a sus sentencias.
El Tribunal pasó a cuarto intermedio para resolver, el próximo lunes 29 de octubre alas 11 horas
Córdoba, 24 de octubre de 2012.