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Fecha:
Martes, 21 de abril de 2009
Jueces y fiscales informarán sobre causas de DDHH
Los convocó la comisión interpoderes que impulsa la Corte para agilizar casos de lesa humanidad. Citarán primero a magistrados de Jujuy, Mendoza y Córdoba. Además dispuso un seguimiento de los trámites para nuevos cargos en el Poder Judicial
La Comisión para la Coordinación y Agilización de Causas por Delitos de Lesa Humanidad, que integran representantes de los tres poderes del Estado, del Consejo de la Magistratura y de la Procuración General, resolvió convocar a jueces y fiscales para que informen sobre las necesidades que tienen en sus distritos para la tramitación de los expedientes por crímenes contra los derechos humanos.
En ese marco, decidió citar en primer término a jueces con competencia en lo Criminal y Correccional Federal de las ciudades de Jujuy, Mendoza y Córdoba.
La medida fue dispuesta el pasado jueves, en una nueva reunión del cuerpo convocado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para resolver conjuntamente las dificultades que provocan las demoras en la sustanciación de causas por delitos cometidos durante el último gobierno militar.
La comisión también resolvió realizar un seguimiento por parte del Poder Ejecutivo y del Consejo de la Magistratura de los pliegos y concursos, según corresponda, para el fuero federal penal, así como el trámite para poder crear cargos en el Poder Judicial.
En tanto, destacó, entre otras medidas, la necesidad de que se lleven adelante las siguientes inquietudes:
- La integración en cada uno de los poderes y órganos que conforman la comisión de una unidad de superintendencia para el seguimiento de causas de lesa humanidad. La Corte Suprema y la Procuración General ya tienen su respectiva entidad, de modo que el Congreso, el Consejo de la Magistratura, la Cámara Nacional de Casación Penal (se resolvió incluirla para este caso) y el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos deberían poner en marcha su propia repartición.
- Dotar de mayor infraestructura e insumos a los tribunales donde funciona la Justicia federal penal (computadoras, fotocopiadoras, provisión de energía eléctrica y viáticos, entre otros), medida que deberá afrontar el Consejo del la Magistratura.
- Evaluar la posibilidad de que se resuelva la cuestión atinente al alojamiento de detenidos en penales militares, para que pueda disponerse el traslado a cárceles comunes de los imputados por crímenes de lesa humanidad.
- Requerir al Cuerpo Médico Forense la mayor celeridad posible en el trámite de solicitudes judiciales relacionados con las causas de imputados por crímenes de lesa humanidad.
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