Lo resolvió la jueza porteña Patricia López Vergara, en el marco de un amparo iniciado por, entre otros, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), con el fin de declarar la inconstitucionalidad de diversos artículos del Protocolo
Interpretó el Código Penal diciendo que no resulta punible la interrupción del embarazo proveniente de toda clase de violación y que cualquier caso de aborto no punible no está supeditado a trámite judicial. Exhortó a implementar protocolos hospitalarios